Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo
de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones
internacionales y globales de la UCV.
Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda
internacional y de las relaciones exteriores
de Venezuela que combina lo interméstico y global
Lucía Galeno*
A
raíz del anuncio e inicio del proceso formal de salida de Venezuela de la
Organización de los Estados Americanos, OEA, son muchas las interrogantes que han
surgido respecto al organismo. El gobierno venezolano califica como injerencista
y violatoria de la norma, la decisión tomada por el Consejo Permanente, de
tratar la actual crisis política y humanitaria que vive este país. Sin embargo,
más allá de estos señalamientos, es menester hacer algunas consideraciones
histórico-políticas de la evolución del sistema interamericano y sus
instrumentos, en torno a la democracia y ante el cuestionamiento de su
actuación histórica en la preservación y defensa de la misma.
Con
el largo camino del panamericanismo,
iniciado en el siglo XIX, pasando por la adopción del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca, TIAR (1947), se conforma la OEA, mediante la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (Bogotá, 1948), la cual establece como condición y uno de sus
propósitos, “la promoción y la consolidación de la democracia representativa
dentro del respeto al principio de no intervención” (letra b, artículo 2) y
puntualiza en sus principios, que se trata de su “ejercicio efectivo”. Durante
la Guerra Fría y bajo este precepto, la OEA actuó en Cuba, 1962; Perú, 1962;
República Dominicana, 1965; Nicaragua, 1978; Panamá, 1989; Venezuela, 1992;
Perú, 1992; Guatemala, 1993; y Haití, 1991 y 1994; al considerarse roto el
orden democrático. No obstante, no procedió contra regímenes militares apoyados
por Washington, en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, entre
otros, señalados como no democráticos y reaccionarios a los movimientos de
izquierda influidos por el socialismo de Cuba y de la URSS, rival de Estados
Unidos en el contexto.
Sin
embargo, es necesario explicar que hasta los años ´90, la organización carecía
de un instrumento jurídico que le permitiese actuar sistemáticamente en los países
en los que la democracia había sido violada, más allá de los “golpes de estado
por la fuerza”. Primero, surge la Resolución 1080 de 1991, para tratar estos
casos a solicitud de cualquiera de los miembros o del Secretario General. Posteriormente,
con miras a ampliar y profundizar los procedimientos para promover y defender
el ejercicio efectivo de la “democracia representativa”, aparece en 2001, la Carta Democrática Interamericana, CDI, Resolución
suscrita en Perú y auspiciada por este país, después de haber vivido el
gobierno de Alberto Fujimori, hecho que había demostrado la necesidad de actuar
diligentemente frente a las dictaduras modernas, enmascaradas en las
instituciones. Es el contexto en el que, finalizada la Guerra Fría, se impone
el sistema liberal-capitalista y América Latina se adentra en un proceso de
democratización, pero con vestigios de regímenes dictatoriales anteriores.
La
CDI establece en su artículo 2, que: “El ejercicio
efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los
regímenes constitucionales de los Estados Miembros”; y en su artículo 3,
especifica como elementos de ésta: “el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al
estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo;
el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e
independencia de los poderes públicos”. Partiendo de esto y previo a la actual
coyuntura venezolana, la CDI se invocó de forma preventiva, en los casos de Bolivia,
2003; Perú, 2004; Ecuador y Bolivia, 2005; Bolivia, 2008, y se ha aplicado cuando
se comprobó la ruptura del orden democrático en: Venezuela, 2002; Haití, 2004;
y Honduras, 2009.
Es preciso entender que los organismos internacionales que logran
trascender en el tiempo, son los que evolucionan y se adaptan a las nuevas
realidades del contexto y aunque, la OEA pueda ser cuestionada en su
efectividad, es innegable que ha profundizado en los instrumentos como la CDI, para
la preservación de la “democracia participativa”.
*Profa. Cátedra de Historia, EEI-UCV
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