martes, 23 de mayo de 2017

ARIGlobal: Venezuela, Soberanía y Derechos Humanos



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

María Gabriela Mata Carnevali*


Venezuela se lucha o se pierde. Nuestros derechos como venezolanos, como seres humanos, se luchan o se pierden, porque este gobierno no quiere reconocerlos aferrado a una interpretación relativista, que pone la soberanía por encima del Derecho Internacional.

Pero ¿y acaso no son universales los Derechos Humanos? La pregunta parece absurda considerando que, por definición, “los derechos humanos son derechos inherentes a todos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición”  en reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (ONU, 1948).

Este principio de universalidad presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada  por  la ONU en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, ha sido reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales en esta materia. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo  hay quien, en pleno siglo XXI, todavía cree que los Derechos Humanos son relativos, en el sentido de que deben considerarse en el contexto cultural, o en el marco de la seguridad del Estado, colocando la cultura y la soberanía nacional por encima de estas pretensiones “universalizantes”.

Siguiendo a Chipoco (2010), en su forma moderna, el relativismo surgió como una respuesta al evolucionismo cultural que, partiendo de una visión darwinista de la sociedad, establecía  como punto de llegada la civilización occidental y la ilustración de la Revolución Francesa. Según esto los Derechos Humanos obedecerían a la supuesta superioridad de la cultura occidental sobre la oriental y, por lo tanto, resulta altanera y fuera de lugar la ambición de hacerlos extensivos a todo el planeta. Desconocen seguramente los que esto propugnan el origen africano de los Derechos Humanos en esa bella y no bien ponderada Carta de Manden, donde Sundiata, emperador de Mali del siglo XIII, hace gala de lucidez política y sensibilidad poética al redactar quizás la primera y más bella  carta de derechos humanos.

Para algunos autores como Howard Wiarda (cf Chipoco, op cit), América Latina es solo parcialmente occidental; lo cual, por supuesto, es una afirmación controversial, pero que decididamente abre la puerta a una consideración especial por la diversidad.

Sea como fuere, Venezuela resulta un obligado caso de estudio en el marco de este, uno los debates más interesantes en la teoría contemporánea de los Derechos Humanos, pues Maduro  en su obstinada represión de la disidencia, lo que alega es que está en juego la soberanía del país frente a las ambiciones del “Imperio”.  Dentro de su lógica, si para defender la seguridad nacional hay que violar unos cuantos derechos humanos, pues se violan; además, esos a los que se le violan sus derechos son “terroristas” y no merecen consideración alguna. Tampoco la merecen quienes los defienden, que por ese solo hecho pasan a ser enemigos del régimen.

El problema es que el gobierno ha secuestrado el significado de las ideas que en un principio nos constituyen como miembros de una misma sociedad: patria, nación, justicia, pueblo, derechos, constitución. Venezuela somos todos y es un contrasentido pretender garantizar la seguridad nacional violando los derechos de una parte de ese todo.

Basta de pretender que la patria es y será socialista a juro, la justicia roja rojita, el pueblo solo una clase y los derechos y la Constitución potestad exclusiva de esa clase. Como señala Colette Capriles (2014): “El futuro de esta sociedad que somos exige la construcción, no voluntarista, sino reflexiva, de identidades societarias que, desde el pluralismo, ofrezcan a la vez cohesión y direccionalidad”. Y eso solo puede hacerse en Democracia y con un respeto pleno de los Derechos Humanos



*Profesora FACES/ EEI
matacarnevali@gmail.com

Referencias:
Capriles, Colette (2014). Soberanía e identidad. En: Roche  (2014) El nosotros venezolano. UCAB, Caracas.

Chipoco, Carlos  (2010).  La protección universal de los derechos humanos. Una aproximación crítica. En: Rodolfo Cerdas y Rafael Nieto (comp.)  Estudios básicos de derechos humanos I . IIDH pp 1-10

ONU (1948). Declaración universal de los DDHH

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de responsabilidad individual y en ningún caso comprometen opiniones de la entidad que promueve este espacio.

martes, 16 de mayo de 2017

ARIGlobal: Guerras de la globalización






Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

Felix Arellano*

Urge una mayor reflexión desde la familia, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil en general sobre los nuevos retos y desafíos que nos plantea la globalización y las soluciones negociadas que debemos construir.

El mundo se globaliza profundamente, al extremo que cuando se define la 4ta revolución industrial, se destaca la progresiva presencia del internet en lo cotidiano; es decir, nuestra vida diaria cada día más interconectada en redes globales. Es un hecho que a la globalización le debemos muchos beneficios, pero estos días nos ha mostrado una de sus facetas negativas, con el impactante ciberataque global, que según algunos medios estiman ha afectado aproximadamente 150 países. Pero también se ha informado de un nuevo brote del virus del ébola en África. Para los radicales la solución se orienta a romper los vínculos con la globalización, construir muros, fortalecer la soberanía nacional; falsos discursos, que no resuelven los problemas, crean nuevos y evaden las soluciones efectivas que tiene que ver con: diálogo, negociación y cooperación que nos permitan un mundo global basado en reglas.

Este nuevo ciberataque ha impactado por su extensión y profundidad, según expertos se trata de un secuestro exprés informático a escala mundial. Un virus que penetra un equipo y rápidamente se propaga a todos los equipos que estén interconectados en red y no permite ver la información, denominado como “WannaCry”. Quienes controlan el virus y el ataque exigen un rescate para que el usuario pueda recuperar la información, pagadero preferiblemente en la moneda en red llamada bitcoin, que facilita la impunidad, pues dificulta el rastreo de los infractores. Todo esto ocurriendo en el mundo de la electrónica, lo que ayer parecía ficción y la capacidad humana lo hace realidad.

Los daños de este ciberataque global, resulta prematuro precisarlos, pero algunos medios contabilizan más de 75 mil afectados, cifra que incrementará en la medida que se pueda conocer la cantidad de computadoras personales afectadas. Por lo pronto, se registran consecuencias en el sistema de salud del Reino Unido y de Colombia; universidades chinas, instituciones públicas y banca privada en Rusia; el sistema de trenes y el Deutsche Bank en Alemania y empresas poderosas como Renault, Telefónica en España, Nissan, BBVA, KPMG, entre otras.

Pero la globalización nos ha dejado ver otras diversas facetas negativas; al respecto, cabe destacar los llamados ilícitos internacionales, entre los que destacan: el comercio mundial e ilegal de personas, órganos, estupefacientes y armas; también se globalizan los virus como el VIH o el H1N1. Igualmente enfrentamos el carácter global de muchos problemas ecológicos, como el efecto invernadero, el debilitamiento de la capa de ozono o el agotamiento del agua dulce, por mencionar algunos.

Frente a estos problemas, los grupos radicales promueven las tesis de la soberanía absoluta y, desde esa perspectiva, rechazan, entre otros, la diplomacia multilateral, las organizaciones internacionales, la integración económica e incluso el comercio internacional. Con la excusa de enfrentar las perversidades de la globalización, tratan de eliminar cualquier obstáculo o limitación a su actuación autoritaria y evitar que sean enfrentados por sus atropellos a los derechos humanos.

Ahora bien, toda la compleja problemática que está generando la globalización, no se resuelve cerrando las fronteras, pues los problemas globales trascienden las fronteras, las soluciones efectivas pasan por el diálogo, la negociación y la cooperación a escala mundial. La dinámica negociadora sobre el cambio climático, que concluye con los acuerdos de Paris en diciembre del 2015, es un buen ejemplo del camino que se debería seguir para enfrentar los problemas globales; empero, los radicales minimizan el problema, menospreciando la influencia humana en el incremento del cambio climático o lo ridiculizan calificándole como “un cuento chino”.

Los problemas que plantea la globalización exigen de un gran esfuerzo de negociación y cooperación a escala mundial; por tanto, se debería fortalecer la diplomacia multilateral y el papel de las Naciones Unidas; empero, por el contrario, observamos con sorpresa como se incrementan en el mundo las propuestas nacionalistas que promueven pasiones y votos, pero no resuelven los problemas. Urge una mayor reflexión desde la familia, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil en general sobre los nuevos retos y desafíos que nos plantea la globalización y las soluciones negociadas que debemos construir.

*prof FACES/ARIG

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miércoles, 10 de mayo de 2017

ARIGlobal: Las Bahamas, Elecciones Generales y Observación Internacional



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

Mirna Yonis *



Este miércoles 10 de mayo se celebran las elecciones generales en Las Bahamas. Un estado archipielágico famoso por ser sede de centros financieros y turísticos de la región del Caribe. La  Mancomunidad de las Bahamas (nombre oficial) es considerado uno de los países con mayor riqueza económica tanto en su PIB como IPC del Caribe y del continente detrás de Estados Unidos y Canadá. Es una Monarquía Parlamentaria; la Reina Isabel II es la Jefe de estado, quien designa su representante con el cargo de Gobernador General; el gobierno Parlamentario es ejercido por un primer Ministro en conjunto con el Parlamento bicameral integrado por el Senado (16, designados por el Gobernador General)  y la Cámara de Representantes (38, elegidos por la población); en ambos casos su elección es para un período de cinco años. La tradición del sufragio emerge en 1955 y su primera Ley electoral data de 1969 dentro de los estatutos de autonomía de la entonces Mancomunidad Británica de Naciones (hoy tan solo Mancomunidad de Naciones). Las Bahamas emerge a la independencia el 10 de julio de 1973 y su vigente Ley electoral (enmienda) es de 1992. 

Hasta 2012 (últimas elecciones) el bipartidismo dominó el escenario con el Partido Liberal Progresista (PLP), centroizquierda, actualmente en el poder, y el  Movimiento Nacional Libre (FNM),  centroderecha. El tercer partido es Alianza Nacional Democrática (DNA) sin ningún  puesto en la cámara de representantes. La visibilidad política de DNA y las cuatro organizaciones políticas registradas para el proceso 2017 estará en función del los votos que logren captar del padrón electoral.

La observación electoral es una práctica internacional de confianza y transparencia internacional, aunque criticada por unos pocos como el Gobierno de Venezuela.  En el caso del Caribe, son frecuentes los comentarios sobre el tamaño y dimensión de los países caribeños, como una razón para comprender sus vínculos con las ex metrópolis coloniales, pero podemos señalar la primera observación electoral internacional en las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos (2016).

En el caso de las elecciones generales en Las Bahamas, contarán nuevamente con la ya conocida MOE/OEA (11 personas) y la MOE/CARICOM (10 personas); y se suma el Grupo de Observación de la Commonwealth (6 personas). De la composición de países en dichas misiones se destaca: 1) Antigua y Barbuda tiene delegados en las tres misiones, mientras que San Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago en dos de ellas. 2) Venezuela forma parte nominalmente de la Misión de la OEA; aunque no hay impedimento formal para su participación, es posible que no sea efectiva en la práctica,  dado los anuncios del gobierno venezolano con la entrega de la carta de su denuncia a la Carta de la OEA.

La inédita trilogía de observación electoral internacional (multilateral) solicitada y aceptada por las Bahamas tiene sus propias razones domésticas e internacionales, y las tendencias apuntan a  que los resultados ratificarán el bipartidismo de la historia política de Bahamas. No obstante, siendo tan cercana en la vecindad caribeña, bien podríamos, desde Venezuela, compartir su experiencia de buenas prácticas diplomáticas y electorales. 


Profesora FACES /EEI
@mirnayonis


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martes, 2 de mayo de 2017

ARIGlobal: OEA Y DEMOCRACIA, la HISTORIA


Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global
Lucía Galeno*


A raíz del anuncio e inicio del proceso formal de salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos, OEA, son muchas las interrogantes que han surgido respecto al organismo. El gobierno venezolano califica como injerencista y violatoria de la norma, la decisión tomada por el Consejo Permanente, de tratar la actual crisis política y humanitaria que vive este país. Sin embargo, más allá de estos señalamientos, es menester hacer algunas consideraciones histórico-políticas de la evolución del sistema interamericano y sus instrumentos, en torno a la democracia y ante el cuestionamiento de su actuación histórica en la preservación y defensa de la misma.
Con el largo camino del panamericanismo, iniciado en el siglo XIX, pasando por la adopción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR (1947), se conforma la OEA, mediante la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Bogotá, 1948), la cual establece como condición y uno de sus propósitos, “la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención” (letra b, artículo 2) y puntualiza en sus principios, que se trata de su “ejercicio efectivo”. Durante la Guerra Fría y bajo este precepto, la OEA actuó en Cuba, 1962; Perú, 1962; República Dominicana, 1965; Nicaragua, 1978; Panamá, 1989; Venezuela, 1992; Perú, 1992; Guatemala, 1993; y Haití, 1991 y 1994; al considerarse roto el orden democrático. No obstante, no procedió contra regímenes militares apoyados por Washington, en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, entre otros, señalados como no democráticos y reaccionarios a los movimientos de izquierda influidos por el socialismo de Cuba y de la URSS, rival de Estados Unidos en el contexto.
Sin embargo, es necesario explicar que hasta los años ´90, la organización carecía de un instrumento jurídico que le permitiese actuar sistemáticamente en los países en los que la democracia había sido violada, más allá de los “golpes de estado por la fuerza”. Primero, surge la Resolución 1080 de 1991, para tratar estos casos a solicitud de cualquiera de los miembros o del Secretario General. Posteriormente, con miras a ampliar y profundizar los procedimientos para promover y defender el ejercicio efectivo de la “democracia representativa”, aparece en 2001, la Carta Democrática Interamericana, CDI, Resolución suscrita en Perú y auspiciada por este país, después de haber vivido el gobierno de Alberto Fujimori, hecho que había demostrado la necesidad de actuar diligentemente frente a las dictaduras modernas, enmascaradas en las instituciones. Es el contexto en el que, finalizada la Guerra Fría, se impone el sistema liberal-capitalista y América Latina se adentra en un proceso de democratización, pero con vestigios de regímenes dictatoriales anteriores. 
La CDI establece en su artículo 2, que: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros”; y en su artículo 3, especifica como elementos de ésta: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Partiendo de esto y previo a la actual coyuntura venezolana, la CDI se invocó de forma preventiva, en los casos de Bolivia, 2003; Perú, 2004; Ecuador y Bolivia, 2005; Bolivia, 2008, y se ha aplicado cuando se comprobó la ruptura del orden democrático en: Venezuela, 2002; Haití, 2004; y Honduras, 2009.
Es preciso entender que los organismos internacionales que logran trascender en el tiempo, son los que evolucionan y se adaptan a las nuevas realidades del contexto y aunque, la OEA pueda ser cuestionada en su efectividad, es innegable que ha profundizado en los instrumentos como la CDI, para la preservación de la “democracia participativa”.
*Profa. Cátedra de Historia, EEI-UCV
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