miércoles, 6 de diciembre de 2017

ARIGlobal: Sentido de futuro: ¿De la cuarta revolución industrial a la cuarta generación de DDHH?


Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

 María Gabriela Mata Carnevali*




Nuestros mejores esbozos de humanidad futura
resultaron apenas artificios de pólvora
que ardieron bajo la lluvia de la primera noche.
Mario Payeras


La cuarta revolución industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, vaticina el fin del mundo tal como lo conocemos. “En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes", afirma Klaus Schwab, director ejecutivo del Foro Económico Mundial (2016); y esta amenaza desde ya se refleja en el debate sobre derechos humanos.

Dado que mantener el status quo no es una opción, necesitamos, en efecto, repensar la condición humana en la sociedad tecnológica, hontanar de sentido de la razón y sin razón en el siglo XXI, para definir lo que podría ser la cuarta generación de derechos humanos.

Hablar de una cuarta revolución industrial supone que hubo tres previas. A la primera se la conoce simplemente como “la revolución industrial”; marca el paso de la producción manual a la mecanizada entre 1760 y 1830 gracias al invento de la máquina de vapor. La segunda es producto de la electricidad, que permitió la manufactura en masa a partir de 1850, y la tercera le imprime su sello al siglo XX de la mano de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones.

En estas primeras décadas del siglo XXI, la ingeniería genética, que permite el control y transferencia del ADN de un organismo a otro y las neurotecnologías orientadas a la manipulación del cerebro, junto a la tendencia a la automatización total de la manufactura por cuenta de sistemas ciberfísicos, están cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos los unos con los otros; y la velocidad, amplitud y profundidad de esta nueva revolución nos está obligando a repensarlo todo, incluso lo que significa ser humanos y los derechos inherentes a esta condición.

“La noción de Derechos Humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado”, dice Pedro Nikken (1994); y es que la dignidad de la persona puede verse ofendida por distintas causas, pero no todas configuran, técnicamente, violaciones a los derechos humanos (en lo adelante DDHH).  La nota característica de las violaciones a los DDHH es que ellas se cometen desde el poder público o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo ejercen. “Usualmente implican lucha” nos recuerda por su parte Carlos Chipoco (1994). En efecto, su historia es una historia de luchas que puede verse como una lista de sucesivas conquistas.

Basándose en la teoría de la evolución histórica de los DDHH, primero fueron los derechos civiles y políticos, reconocidos tras la Revolución Francesa y vinculados con el principio de libertad, tan caro al pensamiento liberal. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada.  Son los llamados derechos de “primera generación”.

 Los derechos económicos, sociales y culturales, producto de las luchas del movimiento obrero luego de la primera y segunda revolución industrial, de marcada influencia marxista, constituyen  la “segunda generación” y están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de la prestación de servicios.

Los derechos de “tercera generación”, también conocidos como Derechos de los Pueblos, desarrollados tras las guerras mundiales, contemplan cuestiones de carácter supranacional como la necesidad de preservar el patrimonio común de la humanidad, la justicia internacional, el derecho a la paz, a un desarrollo sostenible y un medio ambiente sano. 

Hoy se discute sobre una cuarta generación de DDHH, que por lo general se relaciona a las TICs o nuevas tecnologías de la información y comunicación, típicas de la tercera revolución industrial. Se estima que las libertades y derechos conciernen también al espacio digital, lo que ha provocado que su reconocimiento y protección por parte del Estado constituya un verdadero reto por parte del sistema jurídico.

Sin embargo, a todas luces esto no es suficiente pues, como vimos, la cuarta revolución industrial sería el producto de la convergencia de las TICs con nuevas tecnologías físicas y biológicas, lo que implica una discusión ética sobre su incidencia en nuestra vida diaria que concierne al Derecho y en general a las humanidades, entendidas como esos saberes que se ocupan de hechos exclusivamente humanos y que según Adela Cortina (2013), a diferencia del conocimiento naturalista,  trabajan  a partir de hechos, pero tratan de articularlos desde el sentido y tienen en cuenta  “esa intersubjetividad humana, sin la que no existen ni ciencia objetiva, ni política legítima”. Para esta reconocida filosofa  española “es en esta articulación de las innovaciones en ciencias, técnicas y humanidades en la que nos jugamos el futuro del bien humano”.

¿Es posible controlar jurídicamente los aspectos negativos de la racionalidad tecnológica, que se ha convertido en la racionalidad dominante de nuestra época? ¿Cuáles son sus efectos en la mentalidad individual y en las estructuras sociales? ¿Qué  nuevos derechos convendría integrar a la Declaración Universal  de  DDHH en virtud de los cambios previsibles?

Según José Antonio Garcés (2016), “Un punto sensible del cambio que viene es la amenaza al empleo y la eventual profundización de la desigualdad (...). La automatización o incluso “robotización” de algunas labores puede destruir más empleos de los que se creen, que además, estarán destinados a quienes tengan el capital intelectual necesario para insertarse en este nuevo modelo de producción, pues el conocimiento será el capital más relevante”.

El derecho al trabajo ya está reconocido desde la segunda generación de DDHH;  ¿en el debate en curso, será suficiente incluir lo de formarse en nuevas tecnologías o habrá que pensar en limitar lo que los robots puedan hacer. ¿Podemos siquiera imaginar cual debería ser este límite para defender la dignidad humana frente a la máquina o cual el rol del Estado en esta materia? Sin duda, la literatura y el cine ya se han aventurado por tales complejidades, pero la historia nos muestra que los derechos se conquistan una vez que los problemas han abierto el campo de batalla. Quizás es demasiado pronto para asomar este tema, pero ¿no será después demasiado tarde?  ¿Los principios que han de normar la convivencia de los humanos con los robots, entonces, para la cuarta o para la quinta generación de DDHH?

Obviamente, estas son todas  preguntas para las que no es posible una respuesta simple. Por eso luce conveniente desviarse por un camino menos especulativo y abogar por el sistema mismo, el sistema internacional de defensa de los DDHH que garantizaría su eventual evolución hacia otras generaciones de derechos; y abogar por la Democracia, pues dentro de los distintos tipos de gobierno, la Democracia favorece como ninguno el respeto a los DDHH, ya que de eso depende en gran parte su credibilidad. 

 El asunto es que los DDHH están en peligro. Los Estados encargados de protegerlos defienden  más  las fronteras que las personas y se escudan en la soberanía para hacer caso omiso de sus deberes.

Según Salil Shetty (2017), Secretario General de Amnistía Internacional, “2016 fue un año en el que la idea de dignidad e igualdad humanas, el concepto mismo de familia humana, fue objeto de intensa e implacable agresión en forma de discursos de culpa, miedo y búsqueda de chivos expiatorios, propagados por quienes querían tomar el poder o aferrarse a él casi a cualquier precio.”

Entonces, ¿De la cuarta revolución industrial a la cuarta generación de DDHH? Si y solo si se resuelven las contradicciones del presente en cuanto al sistema internacional de protección y se fomentan las tradiciones e instituciones democráticas a lo interno de los países, que ojalá no resulten artificios de pólvora que ardan bajo la lluvia de la primera noche.

*Profa  FACES / ARIG / EEII

Referencias:

Cortina, Adela (2013). El futuro de las Humanidades. Revista Chilena de  Literatura.  Nº.84. Santiago

Chipoco, Carlos (2010). La protección universal de los derechos humanos. Una aproximación crítica. En: Rodolfo Cerdas y Rafael Nieto (comp.)  Estudios básicos de derechos humanos. IIDH. San José.

Garcés, J. A. (2 feb, 2016). Qué nos depara la Cuarta Revolución Industrial. Diario Financiero.Disponible:http://usec.cl/opinion/pagina/2?columnista=1&filtro[columnista]=1#!/53/jose-antonio-garces-que-nos-depara-la-cuarta-revolucion-industrial

Nikken, Pedro (1994)  El concepto de derechos humanos. En: Rodolfo Cerdas y Rafael Nieto (comp.)  Estudios básicos de derechos humanos I. IIDH. San José.

Schwab Klaus (2016). La cuarta revolución industrial. Disponible: http://ebooks.qsafe.men/?book=1159882006&c=es&format=pdf

Shetty, Salil  (2017). Amnistía Internacional  Informe  2016/ 2017 Disponible: file:///C:/Users/Maria%20Gabriela/Downloads/POL1048002017SPANISH%20(2).PDF

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de responsabilidad individual y en ningún caso comprometen opiniones de la entidad que promueve este espacio.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

¿Dinamizando el comercio internacional?




Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

Felix Arellano*




Para algunos estudiosos, las diferencias económicas y, en particular comerciales, forman parte de los factores que estimularon las conflagraciones mundiales, de allí la importancia de construir una gobernabilidad económica internacional

Con el correr del tiempo el comercio internacional se fue transformando en una fuerza compleja; por una parte, dinámica y transformadora en el contexto mundial; por otra, causa de conflictos, de allí la conveniencia que los acuerdos comerciales incorporen un mecanismo eficiente de solución de diferencias. Por muchos años hemos apreciado como la apertura de los mercados y el incremento y diversificación del comercio ha estimulado el bienestar, en esta etapa se multiplicaron las zonas de libre comercio, pero también surgieron problemas que estimularon una crítica radical, que se podría resumir como postliberalismo, con particular influencia en nuestra región. En los actuales momentos apreciamos tendencias contradictorias, los radicales postliberales han fracasado con su falso discurso; empero, el desasosiego logra nuevos aires con el euroescepticismo y el efecto Trump.

Para algunos estudiosos, las diferencias económicas y, en particular comerciales, forman parte de los factores que estimularon las conflagraciones mundiales, de allí la importancia de construir una gobernabilidad económica internacional, que se tradujo en acciones como: los acuerdos de Breton Woods de 1944, que dan origen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial o la creación del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en 1947.

Uno de los objetivos es utilizar las potencialidades del comercio para crear confianza entre los Estados. En este contexto se inscriben los acuerdos del carbón y del acero firmados por varios países europeos en 1951, que llevaron a la suscripción, por seis países europeos, del Tratado de Roma en 1957, que da origen a la Comunidad Económica Europea, que luego de varias décadas llegará a 28 países miembros como Unión Europea; ahora bien, las diferencias y el escepticismo también han crecido, como es el caso del Brexit, el retiro de la Gran Bretaña.

En nuestra región latinoamericana el comercio también presenta la complejidad dialéctica, de creación de beneficios y de diferencias. En este último sentido destaca los fracasos y retrocesos en materia de integración regional, muy marcados por los resentimientos nacionalistas, alimentados, entre otros, por el equivocado nacionalismo radical. Desde esta perspectiva los gobiernos se preocupan por los beneficios comerciales que pueden obtener los supuestos enemigos, es una visión suma cero de la relación comercial. Visión que contribuyó al fracaso de veinte años de negociaciones para formar la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). También el nacionalismo radical afectó los avances en el viejo Grupo Andino.

Pero no todo es negativo y el comercio ha sido uno de los estímulos para fortalecer las relaciones entre los países de la región; al respecto, cabe destacar el caso de  Argentina y Brasil, que al adoptar el Programa de Cooperación Integral (PICAB) en el marco de la ALADI, sentaron las bases para la posterior conformación del Mercado Común del Sur (Mercosur), con el Tratado de Asunción en 1991. En Venezuela también tenemos experiencias positivas en materia comercial, pues luego del grave incidente de la corbeta Caldas colombiana en las aguas del Golfo de Venezuela, el marco del Grupo Andino, y particularmente del comercio, contribuyó a fortalecer la relación bilateral y se tradujo por varios años en el incremento del comercio, las inversiones, el empleo y el bienestar general entre ambos países.

Desafortunadamente, el gobierno bolivariano se creyó el falso discurso radical postliberal contra el libre comercio y ha tratado de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y hoy observamos los nefastos resultados. Un país aislado en materia de integración, con su economía en destrucción y buscando falsas excusas, como la guerra económica, para crear “chivos expiatorios”, pero consciente del perverso juego político, que al empobrecer se consolida en el poder. En efecto, el proceso bolivariano ha sido uno de los más firmes impulsores de la radical visión postliberal, pero no ha trabajado para superar las debilidades de la integración, como por ejemplo los temas de equidad; por el contrario, ha trabajado para destruir la integración existente y crear un marco que resulte favorable a sus arbitrariedades.

En estos últimos meses pareciera que el llamado “efecto Trump”, también incrementa la incertidumbre en materia comercial, al rechazar los mega acuerdos comerciales como el Transpacífico y el Transatlántico y promover la eliminación el TLC con Canadá y México; pero, el mundo está consciente de las potencialidades que puede ofrecer el comercio y está trabajando para que esta negativa tendencia no se consolide. Como parte de las señales positivas se puede apreciar que los once países restantes del Acuerdo Transpacífico están trabajando para revisar el texto y retomarlo. También se espera que las largas y complejas negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, para conformar una zona de libre comercio, pudieran culminar este año y se firme el acuerdo en diciembre, en el marco de la Reunión Ministerial de la OMC en Argentina.

La comunidad internacional también espera con expectativa que la reunión de la OMC en Argentina culmine con la larga Ronda Doha que inició en el 2001. Un optimismo ingenuo, cuando observamos que los países radicales, como el proceso bolivariano, juegan al caos, pues la destrucción los fortalece. Esperemos que las fuerzas democráticas y racionales puedan trabajar con coherencia para abrir mercados con equidad, pues en ese escenario se establecen las bases para que todos podamos ganar.

* Prof FACES/ARIG/EEII


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martes, 21 de noviembre de 2017

ARIGlobal: Venezuela, soberanía responsable y responsabilidad de proteger


Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

María Elena  Pinto *


Los crecientes pronunciamientos de actores de la Comunidad Internacional acerca de la situación venezolana para nada deberían sorprendernos, si los miramos a la luz de los cambios que se han venido dando en el contexto global desde la década de los 1990. En lo que atañe concretamente a la efectiva promoción y protección de los derechos, ha tenido lugar un auténtico cambio paradigmático no sólo en la concepción acerca de cuál es la responsabilidad del Estado y la Comunidad Internacional en esta materia, sino que se expresa también en la adopción de una visión mucho más amplia y profunda respecto a quiénes somos responsables de la vigencia efectiva de los  derechos humanos fundamentales. 

En los años 1990, producto de las amargas experiencias derivadas de los conflictos escenificados en países como Yugoslavia y Ruanda,  cobró fuerza la tesis de la intervención humanitaria conforme a la cual la Comunidad Internacional tenía el deber de actuar ante situaciones de grave violación de los derechos humanos; en estos casos, la soberanía del Estado no podían ser invocada como argumento en contra de una intervención de la Comunidad Internacional , pues se partía de la premisa de que los derechos humanos estaban por encima de cualquier otra doctrina o consideración legal.  La noción de la intervención humanitaria suscitó desde entonces enconados debates,  entre otros motivos por la legítima preocupación manifestada por los Estados menos poderosos dentro del Sistema Internacional de que esta pudiera ser empleada como justificación por parte de las grandes potencias para la realización de intervenciones en esos Estados motivadas por intereses ajenos a la protección de los derechos humanos. En 2005, durante la Cumbre Mundial de Naciones Unidas, la Comunidad Internacional avanza en la definición de unos parámetros que sirvieran de base a su accionar en materia de protección de los derechos humanos; en la Cumbre del Milenio la ONU acoge la idea de la responsabilidad de proteger  en su resolución final, que posteriormente es abordada con mayor detenimiento en el Reporte del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas A/63/677, de fecha 12 de enero de 2009, denominado:  “Implementando la responsabilidad de proteger”.

De acuerdo con estos dos documentos, la responsabilidad de proteger recae, en primera instancia, en cada Estado.  Resulta interesante observar que el Reporte del Secretario General mencionado supra identifica de manera clara y precisa algunas de las buenas prácticas de la acción estatal que resultan necesarias para propiciar un entorno poco proclive a la ocurrencia de crímenes contra los derechos humanos, las cuales configurarían lo que dentro de este Reporte se entiende como soberanía responsable: si entendemos que la soberanía es un atributo esencial e incuestionable del Estado, ella entraña no solo un conjunto de potestades sino, por encima de todo, de responsabilidades para con los ciudadanos.  A estos atributos de la soberanía responsable hicimos referencia en el pasado en otro artículo publicado en esta ventana de reflexión, pero conviene recordarlos por su utilidad para analizar el caso Venezuela:

  • Respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de los Refugiados, así como en el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional.
  • Sanción efectiva de los crímenes contra los derechos humanos, en caso que estos sean cometidos, a los fines de evitar la impunidad en esta materia.
  •  Promoción y manejo efectivo de la diversidad, que se traduce en la vigencia efectiva de la igualdad y no discriminación por motivo alguno.
  •  Existencia de instituciones fuertes y la ausencia de divisiones sociales significativas. A este respecto, conviene recordar que de acuerdo con el Reporte A/63/677, los crímenes contra los derechos humanos esenciales no ocurren simplemente, sino que son el resultado de decisiones políticas deliberadas por parte de líderes que se aprovechan de las divisiones sociales y de la debilidad institucional en sus Estados.


Si pasamos al Estado venezolano por el tamiz de estas consideraciones, pocas dudas existen respecto al flagrante incumplimiento de todas y cada una de ellas. Situaciones como el aumento desmedido de la desnutrición infantil, las crecientes dificultades del grueso de la población venezolana para poder acceder a una alimentación completa y balanceada, la hiperinflación y escasez que conspiran contra la adquisición de los bienes de consumo más elementales, la carencia de medicamentos de todo tipo y la penosa situación en la que se encuentran los centros de salud,  configuran una auténtica emergencia humanitaria que no solo ha sido propiciada por las erradas políticas económicas del gobierno, sino que además ha sido negada por las autoridades del Estado,  oponiéndose en consecuencia a la aceptación de ayuda internacional para palear los rigores de la crisis. A todo lo anterior hay que sumar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos acaecidas durante las protestas ocurridas en el país entre abril y junio de este año, que fueron severamente reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado, e incluso desde antes de estas manifestaciones de descontento; la ausencia efectiva de una división de poderes, el desconocimiento del espacio de representación popular por excelencia (la Asamblea Nacional) y la instauración de una Asamblea Constituyente espuria por haber sido convocada desconociendo los procedimientos constitucionales para ello establecidos.  Como guinda de este proceso, la acción de las agencias aseguradoras y calificadoras de riesgo declarando al Estado en default parcial, así como las sanciones adoptadas por diversos Estados configuran un escenario de extraordinaria volatilidad económico-social, en virtud de las crecientes dificultades del gobierno venezolano para acceder a fuentes de financiamiento internacional.

La respuesta del gobierno ha sido la tradicional en aquellos Estados incapaces y poco interesados en hacer un ejercicio responsable de la soberanía: escudarse en una noción de este término ortodoxa y caduca, que asimila la soberanía a la idea de “no intervención en los asuntos internos del Estado” por parte de terceros, dejando de lado que la soberanía implica no solo un conjunto de derechos, sino, sobre todo, el cumplimiento de determinados deberes por parte de las autoridades, y que para nada la soberanía puede servir de escudo para cometer violaciones a los derechos humanos.

En el Reporte del Secretario General “Implementado la responsabilidad de proteger”, se establece de manera clara y contundente que la Comunidad Internacional ha de cumplir un rol de apoyo en el ejercicio responsable de la soberanía por parte del Estado. En situaciones de fragilidad de las instituciones estatales, aquella debe cooperar con el Estado en cuestión, los acuerdos regionales y subregionales, la sociedad civil y el sector privado con la intención de fortalecer dichas instituciones y favorecer con ello el ejercicio responsable de su soberanía.  Esta declaración tiene, al menos, tres implicaciones que conviene tener en cuenta: 

a) En primer lugar,  establece de manera clara que más que cumplir una labor fiscalizadora y de intervención, la Comunidad Internacional está llamada en primera instancia a colaborar con los Estados para que estos garanticen la protección efectiva de los derechos humanos fundamentales.
b) En segundo lugar,  el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la prevención de situaciones que pudieran conducir a su vulneración está íntimamente ligado a la existencia de instituciones político-sociales fuertes y estables que permitan a los ciudadanos realizarse en condiciones de bienestar, justicia y equidad.
c) En tercer lugar, la responsabilidad de proteger involucra la acción mancomunada de todos los actores del Estado: gobierno, sociedad civil y empresas.

En un caso como el venezolano, contar con la cooperación de la Comunidad Internacional y articular una alianza de trabajo con actores de la sociedad civil y las empresas, resulta por demás problemática, toda vez que el propio Estado desconoce la necesidad de tal ayuda y es el principal promotor de la debilidad institucional. De allí que las acciones emprendidas por los actores de la Comunidad Internacional, tanto en el caso de Estados, como de Organizaciones Intergubernamentales como la OEA o la Unión Europea, hayan adoptado un rol más determinante bajo la figura de los pronunciamientos y sanciones, pues la acción conjunta con las autoridades gubernamentales luce imposible. Todo apunta a que las presiones de parte de la Comunidad Internacional continuarán produciéndose y profundizándose; el tiempo dirá en qué medida éstas puedan resultar efectivas para propiciar un desenlace que conduzca a una transición política y a la restitución de las garantías democráticas y humanas elementales, que de momento brillan por su ausencia.

* Profa ARIG / EEII




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martes, 14 de noviembre de 2017

ARIGlobal: Venezuela, la diplomacia y sus tiempos


Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

Lucía Galeno*




La dinámica interna de los países se desarrolla a un ritmo que pareciera muy rápido en comparación con la respuesta internacional a ésta y a sus repercusiones. En este sentido, la crisis política, institucional, económica y, sobre todo, humanitaria, que atraviesa Venezuela, es una muestra patente del descompás entre la urgencia de acciones efectivas con incidencia interna inmediata por parte de la comunidad internacional y la lentitud con la que se manejan las negociaciones entre los actores mundiales.

Ante la expectativa de la posible respuesta institucional foránea a la crisis, el común denominador del ciudadano se pregunta, ¿Cuánto tiempo es requerido para que se produzca una acción internacional contundente que pueda traducirse en algún tipo de ayuda o cambio en el escenario interno? La respuesta responde al análisis de una serie de factores que conforman el entramado de la política internacional y que tienen sus propios “tiempos” de evolución.

En la actualidad, existe una cada vez más estrecha interdependencia entre los actores del sistema gracias a los regímenes internacionales que permiten gran movilidad de factores productivos, relaciones comerciales, financieras y, por supuesto, como consecuencia de las comunicaciones físicas y virtuales. Así, lo que sucede a lo interno tiene algún tipo de secuela a lo externo. Sin embargo, la acción de los estados responde al principio de soberanía en su territorio, por lo que una gestión desde afuera, a menos que sea justificada por los tratados internacionales, sería violatoria del principio de no intervención, admitido y respetado de forma generalizada en la comunidad internacional después de mucho tiempo y esfuerzo. 

Lamentablemente, este manejo diplomático no excluye aquellos casos en los que se presentan violaciones al orden institucional interno y externo como en las que incurre el gobierno venezolano. El problema está en comprobar ante la opinión pública y la comunidad de países, el incumplimiento de las normas establecidas por parte de un estado, lo cual es un proceso que demora cierto tiempo, dado que se debe demostrar que no se trata de un capricho intervencionista guiado por intereses particulares que puedan incidir en las negociaciones, acelerándolas o retardándolas, sino de una verdadera falta a los compromisos adquiridos.

En este marco, vale destacar que a pesar de algunas voces advirtieron las reiteradas violaciones del orden constitucional por parte del gobierno venezolano desde hace ya varios años, éstas no fueron tomadas en cuenta por la comunidad internacional, hasta que empezaron a cambiar los factores de poder en el escenario latinoamericano a raíz del ascenso de gobiernos de ideología distinta a la izquierda; también, mediante las denuncias hechas por Luis Almagro desde la Secretaria General de la OEA; pero sobre todo, se hizo evidente, debido a la trasgresión de los Derechos Humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de las protestas iniciadas en abril de este año; además de la reticencia del mismo en atender la severa crisis económica y humanitaria en proceso y que, por el contrario, desconoce.

Es la propia afectación de los países vecinos por variables como las oleadas migratorias de venezolanos en la región y el peligro que representa para la estabilidad del continente el estallido de una crisis humanitaria en el país caribeño, expresada incluso en la alerta de brotes epidemiológicos, lo que ocasiona que los hilos de la comunidad internacional comiencen a moverse, para encontrar una solución viable y lo más efectiva posible a la crisis venezolana.

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo interno que permita superar la crisis, la potencial solución pareciera devenir de lo internacional, al situarse en un estadio mayor de decisiones y negociaciones que por su naturaleza, ofrece mayores garantías.

*Profa  FACES/ EEII



                                         
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miércoles, 8 de noviembre de 2017

ARIGLOBAL: RAJOY Y CATALUÑA



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

Seny Hernández *



El presidente del gobierno español,  Mariano Rajoy, declaró ante el caso de la pretensión independentista de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se había llegado a una situación límite, en el sentido de que el gobierno había querido establecer un proceso de rectificación, después de la celebración del referéndum secesionista, sin resultados favorables y se vió obligado a utilizar la carta de la intervención.

El problema básico de Cataluña, según Mariano Rajoy era que se había liquidado el Estado de Derecho y los efectos de esa liquidación estaban  afectando la vida normal de los españoles, Las dos tendencias a favor y en contra de la independencia de Cataluña tenían dividida peligrosamente a la población, por lo que se imponía rescatar el poder político de ese territorio.

La población de Cataluña fue consultada a inicios del mes de Octubre en un referéndum secesionista, celebrado -desde la óptica del Primer Mandatario- “sin garantías”, el cual estuvo acompañado de una fuerte represión gubernamental, por cuanto se trataba de un acto ilegal. A pesar de la violencia, el 42% de la población participó y los resultados al emitir los escrutinios finales determinaron que el 90% lo hizo de una manera afirmativa y contundente a favor de la independencia. Obviamente no se trataba de una participación mayoritaria, aunque muchos analistas políticos consideraron que era suficientemente representativa en ese tipo de consultas.    

El conflicto entre los dos gobiernos que se desarrolló en Cataluña, originado por la celebración del mencionado referéndum, generó una peligrosa situación de ambivalencia, incertidumbre y polarización, en la cual cada una de las partes consideraba que tenía la razón.

El gobierno central español apeló al artículo 155 de la Constitución, el cual expresa que una situación como la existente ocurre y atenta contra la seguridad integral del país, por lo que se debe implementar un conjunto de medidas de intervención. El presidente Rajoy declaró que buscaba proteger el interés general de los españoles, restaurando el orden constitucional y así efectivamente lo hizo.

Antes de decidirse por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Rajoy  concedió un tiempo prudencial para que el president de la Generalitat,  Carles Puigdemont, rectificara y no declarara la independencia de Cataluña, con lo cual pretendía evitar poner en marcha la intervención; sin embargo Puigdemont no respondió a ninguna de las propuestas que le ofreciera.

Al parecer las intenciones de Rajoy fueron en todo momento poner “todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica” estaba causando.

Las amenazas fueron mutuas; mientras Rajoy insistía en la intervención,  Puigdemont expresaba que propondría al Parlament de Cataluña una votación a favor de la declaración de independencia e incluso llegó a comentar que los dos plenos -el del Senado y el del Parlament- pudieran producirse simultáneamente.

Finalmente, el 27 de octubre pasado Mariano Rajoy adoptó una serie de medidas para controlar la situación inconstitucional que se había generado y en consecuencia disolvió el parlamento catalán, confirmó la destitución del presidente autonómico quien salió de España rumbo a Bélgica y anunció la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para el 21 de diciembre de este año. Actualmente Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del gobierno español, está encargada de la presidencia de la Generalitat.

*Profesora de la Escuela de Estudios Internacionales
FACES-UCV




   
Mariano Rajoy, junto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
Fuente: EFE 


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miércoles, 1 de noviembre de 2017

ARIGlobal: Perspectivas económicas del 2018



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global
Luis Angarita *

Luego del avance de las perspectivas económicas presentadas por el Fondo Monetario Internacional para los próximos años, podemos señalar que la recuperación económica que busca el sistema mundial desde hace 10 años parece haber llegado. Las perspectivas de crecimiento para el presente año y para el año 2018 se ubican en 3,5% y 3,6% respectivamente.

Recordemos que el proceso de crecimiento económico ha estado comprometido desde la crisis mundial del año 2007, con implicaciones de recesiones económicas y niveles de crecimiento bajos para los países desarrollados, mientras que las economías emergentes habían mostrado disminución en su tasa de crecimiento, por lo que la ansiada recuperación económica había estado comprometida por un largo período de tiempo.

Para América Latina y El Caribe, en comparación con el 2016, la economía se recupera gradualmente, particularmente con el crecimiento de Argentina y Brasil, quienes se encuentran saliendo de procesos de recesión económica, logrando tasas de 1.0 % y 1.9% para los años 2017 y 2018. En general, por lo menos 18 países impulsarán el aumento productivo de la región, mientras que la situación en Venezuela tiende a corregirse, considerando el creciente deterioro de la economía venezolana.

Venezuela muestra una profunda recesión económica desde el año 2014, para así exponer su cuarto año consecutivo con retroceso de su economía. La última cifra de crecimiento lograda por nuestro país es en el último trimestre del año 2013, lo que implica 16 trimestres con caída del Producto Interno Bruto y con un impacto en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con cifras de 4 dígitos.

La preocupación es que, en este período, la economía venezolana está cerca de perder más de un tercio de la capacidad de producción alcanzada en el año 2013. Las condiciones de la industria petrolera y los compromisos de pago futuro de Deuda Externa (8.5 millardos de dólares al año por los próximos 10 años) condicionan las posibilidades de recuperación económica del país.


                                                                         
La crisis económica que estamos sufriendo en la actualidad no tiene para nada componentes coyunturales, bien sea por situaciones estacionarias o climáticas, o por las alteraciones políticas y sociales, sino que muestra los alcances dañinos de la aplicación de malas políticas económicas, con implicaciones sociales de carácter de emergencia humanitaria.



El modelo de producción venezolano ha estado condicionado a un control de cambios con una moneda sobrevaluada que destruye la producción nacional al hacerla poco eficiente frente a su competidor importado, lo que genera  una dependencia de divisas de la industria petrolera, única que puede sobrevivir a esta sobrevaloración del bolívar.

El retroceso consecuente de las importaciones tiene fuertes impactos para el desarrollo nacional. No sólo por la escasez de alimentos y medicinas, sino por la caída de insumos para la producción, lo que profundiza la crisis de producción y la recesión crónica que vive el país.

El año 2018 se muestra, por lo tanto, como un año en el que continuará la caída de la producción, con fuertes compromisos de deuda externa, y con  un marcado retroceso de la importación de insumos, bienes, alimentos, medicinas, y demás rubros. La situación, inexorablemente obligará a tomar un cambio de rumbo económico hacia unas medidas que impulsen el equilibrio fiscal, saneamiento del sistema productivo, lo que implicaría un ajuste estructural de toda la economía.


Profesor Agregado *
Jefe de cátedra de Relaciones Económicas Internacionales
@luisangaritaeei  



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martes, 24 de octubre de 2017

ARIGlobal: La generación de conocimiento como vía para lograr el desarrollo industrial en las relaciones económicas internacionales


Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

Alfredo Ordoñez López *


Uno de los aspectos más determinantes en el escenario internacional es la productividad de los actores[1] y/o agentes económicos para mantener el equilibrio político y económico en el mundo. El aumento de las demandas internas y externas de los países, obligan a sus respectivos gobiernos, tanto nacionales como supranacionales, a buscar estrategias para la satisfacción de las necesidades y evitar mayores niveles de desigualdad en la sociedad.

Esta situación se hace cada día más compleja[2]. El deseado equilibrio se presenta menos alcanzable para las naciones, en vista de que las brechas tecnológicas, la cultura y la religión, entre otros factores que inciden profundamente en las estructuras productivas de los países. De tal manera que, países como Venezuela, con una clara dependencia comercial del petróleo, mantiene una economía vulnerable ante las crisis internacionales derivados de las fluctuaciones del precio del petróleo en el mercado internacional. Sin embargo, y a pesar del claro problema que se presenta, la sociedad venezolana sigue optando por mantener una estructura económica monoexportadora, sin evolución, incapaz de enfrentar las perturbaciones internas o externas. En consecuencia, nos obliga a buscar alternativas que puedan activar la resiliencia en la economía venezolana para que ésta pueda ser más productiva.

Alain Touraine (2005) resalta que "en la sociedad actual existen, por una parte, fuerzas de destrucción de los actores sociales que actúan invocando la necesidad natural y, frente a ellas, figuras del sujeto (religiosas, políticas, sociales o morales) que resisten a la amenaza a la libertad" (p. 31). En Touraine nos encontramos con un cambio de paradigma, pues la actual situación mantiene a la organización social amenazada desde la globalización, donde el mercado juega un rol fundamental.  

De acuerdo a Moisés Naim (2014) "el poder se está dispersando cada vez más y los grandes actores internacionales (gobiernos, ejércitos, empresas, sindicatos, etcétera) se ven enfrentados a nuevos y sorprendentes rivales, algunos mucho más pequeños en tamaño y recursos" (p. 17), es por ello que a los gobernantes de hoy, se les hace difícil imponer sus ideales y decisiones, pues la sociedad se ha desarrollado en estructuras más multidisciplinarias, democráticas, y liberales.
Para Luis Mata Mollejas (2014) los cambios en la sociedad humana para el mantenimiento de la vida y el incremento del bienestar social son el resultado de los cambios en las interacciones entre la organización sociopolítica, la organización económica y la organización tecnocientífica. La visión expuesta por Mata, concuerda con la expuesta por Ricardo Hausmann y Cesar Hidalgo, quienes explican que según la economía tradicional, el camino al desarrollo para los productores de materias primas es el crecimiento "aguas abajo", o agregar valor: si tienes árboles, intenta exportar muebles, en lugar de madera. Su enfoque agrupa cosas muy diversas en grandes magnitudes como “Producto Interno Bruto”, o “bienes de capital”; sin embargo, para los autores antes citados las cosas no funcionan de esa manera. El mundo está lleno de economías con distintos grados de complejidad: algunas producen unos pocos bienes simples y otras muchos bienes complejos y diversos.

Para Hidalgo y Hausmann (2009)[3] una posible explicación de la conexión entre la complejidad económica y el crecimiento es que los países que están por debajo de los ingresos esperados de su dotación de capacidad, todavía tienen que desarrollar todos los productos que son factibles con sus capacidades existentes. Por lo que podemos esperar que esos países puedan crecer más rápidamente, en relación con aquellos países que sólo pueden crecer acumulando nuevas capacidades.

 Hidalgo y Hausmann (2006)[4] explican que una forma de describir el mundo económico es decir que las cosas se hacen con máquinas, materias primas y mano de obra. Sin embargo, el conocimiento juega un rol fundamental en la sociedad y por ende entre las naciones. De tal manera, que alcanzar las metas para lograr el desarrollo económico en el mundo de hoy depende de la diversidad de conocimientos entre individuos y de su capacidad para combinar este conocimiento, y hacer uso de él, a través de complejas redes de interacción.

Los autores explican que podemos distinguir dos tipos de conocimiento: explícito y tácito. El conocimiento explícito se puede transferir fácilmente leyendo un texto o escuchando una conversación, pero el problema es que partes cruciales del conocimiento son tácitas y por lo tanto difíciles de integrar en las personas, y por ello es difícil de que los países logren los mismos niveles de desarrollo, entonces podemos concluir que el conocimiento tácito es lo que restringe el proceso de crecimiento y desarrollo.

La base del desarrollo económico es el aumento en el conocimiento productivo de un país. Los países poco desarrollados saben hacer pocas cosas y en particular, cosas que muchos otros países saben hacer. Los países desarrollados, en cambio, saben hacer muchas cosas y entre ellas cosas complejas que pocos otros saben hacer. Para desarrollarse hay que acumular conocimiento productivo y utilizarlo para hacer una mayor variedad  de productos más complejos (Schäfer, 2013).

El mundo está cambiando en el sentido de que la cadena de valor de la manufactura se está globalizando y se están rompiendo las diferencias entre manufactura, agricultura y servicios. Esto abre nuevas sendas de desarrollo. Ahora ha llegado  una realidad inminente para Venezuela, y es que esta relación de dependencia petrolera ha marcado el crecimiento y el rezago del sistema productivo venezolano. Los Estados petroleros, y particularmente Venezuela, deberán considerar la pertinencia de establecer una filosofía adecuada a la realidad mundial, en donde los negocios de servicio y productos están concebidos en un mercado global.


*Prof FACES/ ARIG



[1] Estados-Nación, Organismos Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, Empresas Trasnacionales (hoy globales), Individuo.
[2] "Una realidad es compleja cuando resulta difícil de entender porque participan muchísimas variables que interactúan intensa y rápidamente, provocando cambios acelerados en el sistema y en su entorno, A medida que esa complejidad aumenta, se penetra en lo caótico: las relaciones causa-efecto se desdibujan, los conceptos fundamentales se hacen borrosos, la conflictividad crece, la incertidumbre se densifica, la confianza se pierde y lo “normal” desaparece". (Castellano 2014: 390)
[3] Ver articulo completo en: http://www.pnas.org/content/106/26/10570.full
[4] http://atlas.media.mit.edu/static/pdf/atlas/AtlasOfEconomicComplexity.pdf









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