miércoles, 7 de noviembre de 2018

ARIGlobal: Hacia una nueva política exterior


Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global






María Gabriela Mata Carnevali
“¡Con qué abundancia se soñó en todo tiempo con una vida mejor que fuera posible! La vida de todos los hombres se halla cruzada por sueños soñados despierto”, dice Ernst Bloch (1959); una parte de ellos es simplemente una fuga banal, pero otra parte incita, no permite conformarse con lo malo existente y te invita a construir el lugar que sueñas para vivir: U-topos, literalmente, un lugar que no existe todavía, otro lugar. Es decir, no permite la renuncia. Esta otra parte tiene en su núcleo la esperanza y es trasmisible.

En plena crisis de crecimiento y de sentido, algunos podrían apostar, no sin fundamento, a que hemos perdido nuestra capacidad de soñar colectivamente y de imaginarnos en el futuro, aquí, pero de otro modo. Afortunadamente, la utopía es el lugar mismo del pensamiento creativo. La imaginación que genera la realidad.

¿Por qué no imaginar desde ya, con conciencia anticipadora, una nueva política exterior para Venezuela?  Lo primero es imaginar el escenario dado que, como proceso que envuelve el balance de fines, medios, acciones y resultados esperados, la política exterior responde a, es producto de, está imbuida en y limitada por el contexto nacional e internacional.  Esto solo nos llevaría más espacio del que tenemos disponible. Sin embargo, podemos limitarnos a un aspecto: el político ideológico.

En agenda: el multilateralismo, la justicia transicional y los derechos humanos

El triunfo de Bolsonaro en Brasil, un reconocido nostálgico de las dictaduras militares de la década de 1970, parece afianzar el giro hacia la derecha de los últimos años en América Latina marcados por los triunfos de Mauricio Macri en Argentina en 2015, Sebastián Piñera en Chile en 2017, Mario Abdo Benítez en Paraguay e Iván Duque en Colombia en 2018.

Con excepción de México, que apostó recientemente por Manuel López Obrador, el ejemplo catastrófico de lo que la izquierda ha hecho de Venezuela parece haber disuadido a un electorado que, con las particularidades de cada caso, aspira más de sus Democracias. Lamentablemente, el descontento popular se tiñe esta vez de populismo, un populismo de derecha, pero populismo al fin, y los populismos, cualquiera sea su bandera ideológica, terminan por desacreditar a los actores e instituciones tradicionales y abonar algún tipo de autoritarismo.

 Así las cosas, pareciera evidente que la división tradicional de izquierda-derecha es insuficiente para hacer una lectura política de la región y del mundo, y se impone un análisis que contemple las más nuevas tendencias en las Relaciones Internacionales.

El discurso de Bolsonaro, curiosa mezcla de militarismo, neoliberalismo y religión, apuntala la tendencia global hacia los nacionalismos autoritarios que vemos emerger en movimientos como el Frente Nacional de Francia,​ la Fidesz de Hungría la Alternativa para Alemania, los Demócratas de Suecia,​ el Partido por la Libertad de Holanda,​ la Liga del Norte de Italia, el Partido de la Libertad de Austria, el Partido Popular de Suiza ​y el movimiento identitario paneuropeo, y en líderes como el japonés Shinzo Abe, el indio Narendra Modi, el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump,  y otros con características similares en Polonia, Egipto, Filipinas, Tailandia y Corea del Sur. Nacionalismos que se traducen en políticas proteccionistas y discriminatorias contra los grupos minoritarios y los inmigrantes, abandonando o desconociendo instancias multilaterales y denunciando tratados internacionales, a contracorriente con los procesos y valores de la gobernanza global, que se inscriben en un marco liberal-institucionalista.  

Esto es importante, importantísimo, si consideramos que el rescate, consolidación, proyección y defensa de la Democracia, que imaginamos entre las líneas rectoras de esa nueva política exterior junto a la reinserción decorosa del país en la economía mundial, habrá de darse en un contexto si no adverso, si dividido por cuestiones de soberanía, y tendremos que sumarnos con bríos a las voces que defiendan el multilateralismo y la universalidad de los derechos humanos.

 A continuación, proponemos dos acciones que nos ayudarán a avanzar en la dirección indicada, perfectamente plausibles en el marco de medios mermados que habremos de afrontar, una urgente y la otra prioritaria:

La urgente. El regreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no solo porque es uno de los pilares del sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino porque puede ser una guía invalorable en el camino de la justicia transicional.

La justicia transicional alude a las formas que han utilizado algunos países para enfrentarse a violaciones de DDHH masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.  No es un modelo único. Cada uno ha de diseñar su propia hoja de ruta para implementar los mecanismos que más se adapten a su realidad; pero, sin duda, es un camino que hay que transitar en la construcción de la Paz. La propuesta  ya fue lanzada públicamente el 15 de junio de 2017 en la ciudad de Caracas con la asistencia de representantes de más 20 organizaciones civiles, las cuales firmaron un compromiso, el Compromiso de la Sociedad Civil organizada con los principios y aplicación de la Justicia Transicional en Venezuela (Iniciativa Justicia Transicional, 2017). La verdad es que hasta hace algún tiempo era mirada como sinónimo de impunidad, pero ya empieza a ser considerada una forma de abrir las puertas al cambio por vías pacíficas siguiendo el ejemplo de países hermanos, algunos de los cuales se apoyaron en la CIDH[1].

El tema de la transición democrática en Venezuela ha venido siendo evaluado, entre otros, por el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, así como por algunas individualidades calificadas como Miguel Mónaco, José Ignacio Hernández y Asdrúbal Aguiar. Por su parte, la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Amnistía, cuyo propósito básico es otorgar beneficios penales a aquellos funcionarios que decidan colaborar con el restablecimiento del orden constitucional (El Nacional, 4 junio, 2018).
           
En la convicción de que lo urgente no debe nunca opacar lo importante, creemos necesario posicionar a Venezuela como defensor global de la Democracia y los DDHH. Una vía posible es aportar desde la experiencia reciente, no solo en lo tocante a la normativa de los acuerdos de los que seamos signatarios, sino en la discusión en curso sobre la cuarta generación de derechos humanos relacionada a las TICS o nuevas tecnologías de la información y comunicación y su incidencia en la vida de las personas.

 Según la teoría de la evolución histórica de los DDHH, primero fueron los derechos civiles y políticos que sacó a la luz el liberalismo, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Son los llamados derechos de «primera generación». La «segunda generación» está conformada por los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad, tan caro a los movimientos socialistas. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de la prestación de servicios. La idea fue dotar de un apoyo real a las libertades, porque sin alimentación suficiente, sin casa y abrigo, sin protección ante la enfermedad, la ancianidad o el desempleo, resulta por lo menos hipócrita decir a una persona que es libre.

Estas dos generaciones de derechos fueron expresamente reconocidas en la Declaración Internacional de Derechos de las Naciones Unidas de 1948, mientras que el respeto a lo que se viene denominando «derechos de tercera generación» todavía no ha sido objeto de una declaración internacional de las mismas características, pero está presente en la conciencia social. Son los derechos de solidaridad o de los pueblos; contemplan cuestiones de carácter supranacional como la necesidad de preservar el patrimonio común de la humanidad, la justicia internacional, el derecho a la Paz, a un desarrollo sostenible y a un medio ambiente sano. Ya se discute sobre una «cuarta generación» relacionada a las TICS o nuevas tecnologías de la información y comunicación y su incidencia en la vida de las personas.  Dada  la realidad comunicacional venezolana, tenemos mucho que decir al respecto y contamos con especialistas reconocidos que sabrán elevar el mensaje a las instancias pertinentes.




“Justicia Transicional-Arte Textil” Muestra en la Universidad Anáhuac, México. 


Referencias:
Cantón, Santiago (2007). Leyes de amnistía. Víctimas sin mordaza. El impacto del Sistema Interamericano en la Justicia Transicional en Latinoamérica: los casos de Argentina Guatemala, El Salvador y Perú. CIDH.  Revisado: octubre, 2018. Disponible: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf

 El Nacional (4 junio, 2018). Ortega Díaz enviará un proyecto de ley de amnistía a la Asamblea Nacional. Revisado: julio, 2018. Disponible: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-enviara-proyecto-ley-amnistia-asamblea-nacional_238477

Iniciativa Justicia Transicional (2017) ¿Qué es la justicia transicional? Revisado: julio, 2018. Disponible: http://justiciatransicional.org.ve/iniciativa-justicia-transicional/quienes-somos/




[1] Luego de las rupturas constitucionales y los enfrentamientos internos ocurridos en América Latina durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, en algunos países se dieron las circunstancias políticas para dictar «leyes de amnistía», como en Argentina, Uruguay, El Salvador y Perú.
En Argentina y Uruguay, durante los primeros años del primer gobierno democrático luego de la dictadura. En Perú, el gobierno autocrático de Fujimori dictó las Leyes de Amnistía el 14 de junio de 1995. En El Salvador, como parte de los Acuerdos de Paz, se creó una Comisión de la Verdad, cuya acción fue minimizada con la aprobación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz.
Según Santiago Cantón (2007), los de Argentina y Perú son los casos que mejor muestran el efecto positivo que puede tener una ley de este tipo, ya que en ambos la CIDH, los Estados y la Sociedad Civil se entrecruzaron en un diálogo que permitió a las víctimas y familiares encontrar un espacio donde fueran escuchado

martes, 30 de octubre de 2018

ARIGlobal: ¿Cómo va el Mercosur?



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores de Venezuela que combina lo interméstico y global

Felix Arellano

Luego de los fuertes enfrentamientos con el gobierno venezolano y finalmente aplicada la cláusula democrática, lo que conllevó la suspensión del gobierno venezolano del Mercosur (que no la expulsión de Venezuela), pareciera que la calma ha llegado al bloque y está logrando avanzar en su agenda de internacionalización, que tanto rechazó el proceso bolivariano; empero, en el panorama aparecen señales de incertidumbre, entre otras, la situación interna de sus miembros más poderosos (Argentina y Brasil) que se complica; los ataques del radicalismo, particularmente del Foro de San Pablo, con su política contra el libre comercio; y los problemas estructurales del bloque que aún no están en la agenda de trabajo.


En efecto, después de la suspensión del gobierno venezolano, los cuatro países fundadores decidieron fortalecer la agenda de la internacionalización del bloque y sobre ella han estado avanzando en estos meses. En efecto, con Singapur iniciaron las negociaciones técnicas en julio del presente año. Con la EFTA, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, han efectuado: la IV reunión del grupo técnico en el mes de julio en Ginebra y la V reunión en octubre en Buenos Aires. Con Canadá han efectuado la IV reunión técnica en septiembre y está prevista la V reunión en Brasilia en el mes de diciembre de este año. Las negociaciones técnicas con Corea del Sur iniciaron en el mes de septiembre en Montevideo. También están avanzando en el diálogo con la Alianza del Pacifico. Ahora bien, la más compleja y larga negociación de libre comercio del bloque con la Unión Europea, que inició en 1995, se mantiene en pleno desarrollo y con pocas esperanzas de culminación.

Como se puede apreciar la agenda de apertura internacional ha sido intensa, pero el caso de la Unión Europea ilustra que el libre comercio no es un tema fácil, ni muy atractivo para el Mercosur. El bloque proyecta una imagen proteccionista y mucho tiene que ver con las tendencias que han imperado principalmente en Brasil, pero también en Argentina. Dos economías fuertes, con un importante mercado interno y alta capacidad exportadora, que por varios años han privilegiado la consolidación de la producción nacional, con un bajo nivel de apertura e inserción en la economía mundial.

Pero los tiempos han cambiado y la situación económica del bloque también y, ahora, la apertura internacional se presenta como conveniente y necesaria; no obstante, se mantiene el rechazo de varios sectores, en particular de los grupos radicales que satanizan la apertura, destacando sus limitaciones, sin apreciar sus beneficios en la generación de empleo, atracción de inversiones y generación de bienestar.

Frente a las limitaciones y rigidez del discurso radical sobre el libre comercio, sería conveniente que el nuevo Presidente de México, Andrés López Obrador, explicara a sus amigos de la región los beneficios que ha logrado México con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, al punto que ha propiciado su reciente renegociación, con resultados no tan positivos, pero siempre conveniente para México.

Adicional a las diferencias que se presentan al interior de los miembros sobre la estrategia de la apertura, muy marcadas en el Frente Amplio de Uruguay; los problemas económicos en Argentina y políticos en Brasil, representa serios obstáculos para la consolidación del debilitado Mercosur. Pareciera que se agota la estrella del Presidente Mauricio Macri, producto de la presión del radicalismo Kichnerista y el permanente fantasma del peronismo, lo que reduce la capacidad de acción de Argentina. En el caso de Brasil, la crisis política es profunda y no pareciera que la inminente elección de Jair Bolsonaro como Presidente, contribuya al afianzamiento del bloque; su discurso electoral lo presenta aislacionista, proteccionista y poco amigo de la integración regional.

En la lista de problemas no podemos dejar de mencionar que los países fundadores no han querido profundizar en los problemas estructurales del Mercosur, que se incrementan en la medida que no son atendidos. En un muy breve resumen podríamos mencionar que el libre comercio presenta diversos obstáculos; la unión aduanera genera fuertes resistencias; el mercado común poco avanza; la solución de diferencias es deficiente y la equidad ha sido menospreciada. Esperemos que los aires de renovación que están viviendo les permita organizar la casa un paso fundamental para lograr una eficiente inserción internacional.


felixarellano50@yahoo.com




martes, 11 de septiembre de 2018

RESILIENCIA UNIVERSITARIA






El país del hambre
enardecido el ánimo
marcha su dignidad en la calle



María Gabriela Mata Carnevali

La universidad que, por definición, tiene como misión fundamental la libre búsqueda de la verdad, la creación y difusión del conocimiento, y el cultivo de los valores trascendentales del hombre, debe estar también al servicio de la nación y, en tal sentido, le corresponde colaborar con la orientación del país, mediante su contribución al esclarecimiento de los problemas nacionales. Pero, para ello necesita de su autonomía.

Por autonomía suele entenderse: 1. Independencia financiera 2. Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la propia comunidad universitaria y participación de sus miembros en los organismos de gobierno 3. Concursos de oposición para la selección del profesorado 4. Docencia libre, tanto en lo concerniente a la actualización curricular como a los métodos de enseñanza 5. Asistencia libre (Turnnemann, 1985: 63; Citado en Moreno, 2008: 357).

El problema es que en la «Venezuela socialista»,las universidades vienen experimentando un deterioro progresivo de su autonomía, a pesar de que esta  fuera incorporada con rango constitu­cional en el Artícu­lo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum nacional celebrado el 15 de diciembre de 1999.

Con la autonomía se desdibuja la libertad académica, lo que implica una directa violación al derecho a la educación, que afecta otros derechos fundamentales.

Según Parra, De la Vega y Troconis (2011:4), la política de educación superior del gobierno está orientada al “desmantelamiento de instituciones y programas que no se identifiquen con la propuesta socialista y a la creación de un sistema paralelo de educación universitaria”. La primera señal se observa en marzo de 2001 con la toma por más de un mes del Rectorado de la UCV por parte de un grupo de estudiantes, acción que terminó en actos vandálicos y enfrentamientos con representantes de la Federación de Centros de Estudiantes (Bravo Jaurégui, L. y Uzcátegui, R., 2003:73). En esa oportunidad, Eleazar Narváez, Director de la Escuela de Educación declaró para El Nacional (17 de abril de 2001):

Hay razones suficientes para pensar que dichos actos vandálicos configuran un proceso de intervención de la UCV desde adentro, basado en los mismos pretextos y acciones que ha utilizado el actual gobierno para someter a su antojo la vida política y los distintos órganos del Poder Público (Bravo Jaurégui, L. y Uzcategui, R., 2003:82).

Luego vinieron medidas y políticas de mayor alcance como la creación de la Misión Alma Mater en 2003, cuyo objetivo fundamental es generar un nuevo tejido institucional de la educación universitaria venezolana, orientado hacia el desarrollo y transformación de la educación superior, para el fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad socialista, del cual es hito la Universidad Bolivariana.

En 2009 se da otro paso en este sentido con la Ley Orgánica de Educación, en la cual se plasma de manera expresa la idea del «Estado docente» y se establecen lineamientos para regular, supervisar y controlar el funcionamiento del subsistema de educación universitaria en cuanto a la administración financiera y sus normas de gobierno, la planificación, coordinación y ejecución de políticas y programas dirigidos a la inserción productiva de los egresados, la territorialización de la educación universitaria y el ingreso estudiantil a las instituciones, tanto oficiales como privadas (Parra, De la Vega y Troconis, 2011:4).

Es con base en esta Ley que el Ejecutivo impuso, en 2014, un nuevo modelo de asignación de cupos, privilegiando criterios no académicos para el ingreso de estudiantes a las universidades y, en 2015, el llamado “sistema de formación permanente del docente universitario”, un plan de mejoramiento profesional abiertamente ideologizado. Por si esto fuera poco, desde 2012 la Sala Electoral del TSJ ha interferido sistemáticamente en los procesos electorales de las universidades mediante decenas de sentencias que obstaculizan el pleno ejercicio del autogobierno (Coalición de cátedras y centros universitarios de DDHH, 2017).


Todo esto sin derecho a protestar porque la represión está a la orden del día


Sin embargo, pudiera decirse que la estrategia más perniciosa es, de lejos, el cerco o asedio presupuestario. Las universidades públicas son castigadas con presupuestos reconducidos sin tener en cuenta la inflación y las privadas con políticas restrictivas para el aumento de la matrícula. Esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de profesores y empleados, y el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones; pero, además, incide en la investigación, la cual ya había perdido el apoyo de la empresa privada por la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) de 2010, que centraliza en un fondo todos los recursos públicos y privados destinados a la investigación científica (Coalición de cátedras y centros universitarios de DDHH, 2017).

Por ello, en 2018 los esfuerzos de los universitarios están dirigidos a mantener las puertas abiertas a pesar de la falta de presupuesto y el fuerte golpe que significa la  migración de cerca del 50 % de la planta profesoral y estudiantil. La fuga de talento intelectual ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Los jóvenes cruzan las fronteras, a veces sin terminar sus carreras,  en busca de una mejor calidad de vida. La diáspora profesoral es alarmante. Las autoridades «administran la crisis» pero no han podido retener a los profesores.

Ahora, en el marco de la implementación del nuevo cono monetario, el gobierno intenta una jugada perversa. El desconocimiento de las tablas salariales establecidas por contratación colectiva. Que no haya incentivo al mérito ni al logro es propio de los regímenes comunistas. Se busca imponer un sistema de relaciones de trabajo inspirado en el modelo soviético y cubano, en el cual los gremios, federaciones y  sindicatos son un apéndice del Estado.

Otra vez amenaza la bota, otra vez amenaza la sombra.

Como cada vez que ha hecho falta, brotará el sentir ucevista

La casa LUZ la asfixian, se apaga, pero no la callan.

Tampoco a las otras universidades. Unidas defenderemos lo que es nuestro.

Entre los estudiantes, a pesar de la diversidad de estrategias, sobresalen los consensos en cuanto al rol protagónico del movimiento estudiantil de cara al futuro.

AVERU ratifica, de manera irrenunciable su voluntad de ser custodios del derecho al estudio en un marco democrático, considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el bienestar económico, social y cultural de la población venezolana.

FAPUV sigue dando la batalla por el gremio docente. En la calle se pronuncia por un salario digno, anclado no a las derivas autoritarias del gobierno  sino a la canasta básica.



REFERENCIAS:

Bravo Jáuregui, L. y Uzcátegui, R. (2003). Memoria Educativa Venezolana, base de datos. Tomo VIII Años 2001-2003. UCV, Caracas, Venezuela.

Coalición de cátedras y centros universitarios de DDHH (oct, 2017).  El pensamiento bajo amenaza Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela. Revisado: abril, 2018. Disponible: https://www.derechos.org.ve/actualidad/coalicion-de-catedras-y-centros-universitarios-de-ddhh-el-pensamiento-bajo-amenaza-en-las-universidades-venezolanas

Moreno, Amado (2008). Historia sociopolítica de la universidad y autonomía en Venezuela: Rostros y máscaras. EDUCERE Año 12 Nº 41

Parra, De la Vega y Troconis (2011). La educación superior en Venezuela (2005-2009). En: CINDA (2011). La educación superior en Iberoamérica.  Revisado: mayo, 2018. Disponible: http://www.cinda.cl/wp-content/uploads/2014/07/2011-Informe-Venezuela.pdf


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martes, 31 de julio de 2018

ARIGlobal: NICARAGUA RESISTE



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global


Por Fidel Canelón F*





Se han cumplido 100 días del inicio de las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega. El saldo es tétrico: al menos 351 muertos,  1200 heridos y entre 400 y 500 presos políticos. Se trata de la represión más sanguinaria aplicada por un gobierno latinoamericano en varias décadas, superando lo sucedido en Venezuela en las protestas de 2014 y 2017.

Daniel Ortega, hay que admitirlo, construyó con paciencia y astucia sibilina un proyecto hegemónico de poder desde los tiempos en que la revolución sandinista triunfó en 1979, desalojando del poder a Anastasio Somoza, el tercero de una dinastía que dominó por décadas a Nicaragua. Asumió la jefatura de la Junta de Reconstrucción Nacional hasta que pierde el poder en 1990, al caer derrotado en las elecciones por Violeta Chamorro.

Terminado el período de Chamorro, en los comicios de 1996 se presentó nuevamente como candidato, perdiendo con Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal-Constitucionalista, con quien a la postre llegará a un pacto político perverso, que evitará que éste vaya a la cárcel pese a las numerosas  acusaciones de corrupción en su gobierno, obteniendo Ortega a cambio una modificación de la ley electoral que permitía llegar al poder a quien obtuviera solo el 35% de los votos. Si bien el acuerdo no fue fructífero para el líder sandinista en 2001, cuando pierde ampliamente con Enrique Bolaños las presidenciales, sí lo sería en 2007, cuando vuelve al poder en su quinto intento, al sacar casi lo justo, el 37,99% de los votos. El pacto con Alemán le seguiría dando posteriormente pingües beneficios, al concederle los votos que necesitaba en la Corte Suprema de Justicia para aprobar su reelección en 2012, en un acto que violó flagrantemente la Constitución Nacional.

Pese a formar parte del giro izquierdista que tomó por asalto a América Latina en los años 2000,  puede decirse que Ortega encauzó a Nicaragua por un modelo político y económico de rasgos singulares, teniendo en común con sus pares “revolucionarios” la instauración de una democracia cada vez menos competitiva, donde el marco de acción de las fuerzas políticas opositoras se fue restringiendo severamente, al punto que en las elecciones de 2017 virtualmente fue él mismo quien eligió a los candidatos “adversarios”, lo que explica su abultado triunfo con el 72% de los votos.

Ortega, sin embargo, jamás llegó a proclamar el socialismo del siglo XXI, como Chávez y los Castro, coincidiendo en este sentido más bien con la política de Morales y Correa de mantener un sistema capitalista de libre mercado, sin controles cambiarios ni de precios, y con una intervención selectiva del estado solo en algunas áreas. Pero, a diferencia de éstos últimos, no mantuvo una relación de conflicto con el sector privado, sino que cooptó de facto a la asociación de gremios empresariales de Nicaragua (Cosep) dándoles una importante participación en los organismos y empresas del estado. Es decir, puso en práctica un modelo corporativista que le rindió amplios beneficios y estabilidad durante esos 11 años.

Este modelo autoritario –que en algunos aspectos se acerca más al viejo PRI de México que al comunismo cubano o al socialismo del siglo XXI de Chávez- llegó a su fin con la rebelión cívica que se inició el 18 de abril, encabezada por los estudiantes, trabajadores, clases medias y la Iglesia Católica, de tanta influencia en el pueblo nicaragüense. A Ortega no le quedó más remedio que poner fin al pacto con el Cosep, al tiempo que tuvo que sentarse en una mesa de diálogo cuyo destino final no está nada claro, debido a la salvaje represión desatada y a su indisposición a adelantar las elecciones para el año que viene. Pero una cosa puede asegurarse: Nicaragua ya no es la misma. Y si bien es posible que el movimiento de protestas se agote o llegue al cansancio, lo cierto es que el dúo Ortega-Murillo está cada vez más aislado nacional e internacionalmente, y en adelante se le hará cuesta arriba mantener el régimen de privilegios y discriminación política sobre el cual cabalgó por más de una década.

*Prof  FACES /EEI




martes, 24 de julio de 2018

ARIGlobal: La estrategia rusa


Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global


Felix Arellano*


Robert Mueller, el fiscal especial designado para coordinar la investigación de la llamada “conexión rusa”, es decir, la eventual actuación, bajo espionaje cibernético, de fuerzas rusas contra la candidatura de la Señora Hillary Clinton, en las pasadas elecciones presidenciales, acaba de presentar un Informe en el que imputa a 12 espías rusos de realizar la labor de espionaje contra el partido demócrata; la lista es más numerosa, pero aún no precisa sobre la participación de las altas esferas políticas rusas, no hace referencia al eventual “Putingate”, rememorando el Watergate, que dirigió Richard Nixon también contra el partido demócrata.

Pareciera que sobre la conexión rusa en los Estados Unidos ya empiezan a aparecer culpables, pero nada se dice del autor intelectual. En el mundo también se habla de otras conexiones rusas que no han sido suficientemente investigadas, en consecuencia, no se tiene claridad sobre eventuales responsables, entre otros, son los casos de: los envenenamientos ocurridos en el Reino Unido, o las eventuales conexiones rusas en el Brexit (la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea), o en el movimiento separatista catalán en España, o en las tendencias xenofóbicas y euroescépticas en varios países europeos, como la estrecha vinculación de la Sra. Le Pen de Francia con los líderes rusos.

Como bien sabemos el expansionismo forma parte de la idiosincrasia rusa, está presente desde sus orígenes y ha caracterizado su historia nacional, Cabe destacar que desde Iván III el Grande, a finales del siglo XV, el expansionismo territorial forma parte de la esencia de la Rusia imperial. Luego, la camarilla del comunismo imperial, también buscaba la expansión rusa en el planeta. La caída del comunismo trajo unos años de introspección, pero el protagonismo y el liderazgo se mantienen vivos en la dirigencia rusa, además forma parte de los temas de orgullo nacional.

Ahora bien, el protagonismo y liderazgo en un mundo global de la IV revolución industrial, exige de unas fortalezas que no caracterizan la Rusia actual. En la revolución del conocimiento científico y tecnológico, base fundamental en los procesos globales, Rusia no juega un papel relevante; empero, el protagonismo y liderazgo es su obsesión y, como bien sabemos, las obsesiones mal encausadas son peligrosas; también se puede lograr protagonismo destruyendo y en nuestros días es un lugar común decir que “Rusia juega al caos, buscando algún beneficio”

Actualmente el populismo autoritario que lleva varios años gobernando en Rusia ha asumido el liderazgo y protagonismo internacional como una de sus banderas fundamentales, el renacimiento de un equivocado orgullo nacionalista expansivo. En tal sentido, encontramos una activa presencia rusa, en primer lugar, tratando de retomar lo que considera son sus espacios naturales, de allí la gran preocupación de sus vecinos, entre otros, se ha anexado parte de Ucrania (Crimea y Sebastopol), establece enclaves coloniales en Abjasia y Osetia en Georgia y mantiene bajo amenaza los países bálticos. Al respecto, el Presidente de Ucrania alertaba sobre el expansionismo y la agresión rusa, que desprecia las normas del derecho internacional y aspira destruir la arquitectura de la seguridad europea.

Pero la obsesión de protagonismo y liderazgo del gobierno ruso es global y lo encontramos actuando muy activamente en otras áreas como el medio oriente, particularmente en Siria; participando en un eje con Irán y Turquía. En la estrategia de búsqueda de beneficios a escala global y, en el marco de su estrecha relación con Irán, no está muy claro su apoyo a movimientos terroristas como Hámas y Hezbollah. En Asia, si bien ha tratado de mantener un cuidadoso equilibrio con China, por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha tratado de involucrarse en la mayoría de los conflictos.

También en nuestro hemisferio se está evidenciando el activismo ruso y de nuevo pareciera que juega al caos, a ver qué beneficios puede lograr, de hecho aparece vinculado a gobiernos autoritarios, con graves expedientes de violación de los derechos humanos, destrucción de institucionalidad democrática y clara actitud cuestionadora de la normativa internacional como son: la dictadura cubana y los gobiernos de Nicaragua y Venezuela

En particular las relaciones con el proceso bolivariano venezolano se presentan formalmente estrechas, con bastantes negocios, particularmente de armas y muy poca transparencia y legalidad.
El proceso bolivariano sueña que Rusia pueda jugar el papel de mecenas que no ha logrado con China, y esto le viene muy bien a la estrategia del caos ruso, que se está logrando espacios con las posturas agresivas de Donald Trump, frente a Europa, particularmente contra la OTAN; también aprovecha la amplia agenda de problemas que está enfrentando la Unión Europea, para propiciar su desintegración y con los populismos autoritarios latinoamericanos logra aliados para expandir el caos y avanzar en su añorado protagonismo y liderazgo. Pero que no crea el proceso bolivariano que el autócrata ruso tiene la capacidad y menos la voluntad de enfrentar los graves problemas venezolanos, todo lo contrario su habilidad es la destrucción…


Prof FACES/ ARIG/EEI


martes, 17 de julio de 2018

ARIGlobal: LAS INSTITUCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE ECONOMÍAS SUBDESARROLLADAS.

Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

Alfredo E. Ordoñez*

La preocupación por la ampliación de las brechas tecnológicas que se han generado durante la historia de la humanidad, y sobre todo después de la I Revolución Industrial, ha obligado a las naciones a buscar mecanismos que le permitan disminuir esas brechas o ajustarse a la dinámica cíclica de la innovación, lo que les ha generado una relación de dependencia económica con las economías tecnológicamente más avanzadas.

En tal sentido, y dada la complejidad de comprender cómo se podría lograr una efectividad en el establecimiento de la cooperación entre economías con los mismos niveles de desarrollo, se requiere analizar el rol de las instituciones. Para Douglass North (1993), las instituciones son las reglas originadas en una sociedad, que a su vez se transforman en las mismas limitaciones que dan forma a la interacción humana, por lo que se pueden admitir en las estructuras política, social y económica. Un aspecto importante del trabajo de North (1993), es que reconoce que las instituciones son una creación humana, por lo que las instituciones evolucionan y son alteradas por los mismos humanos. Si se concibe que la principal función de las instituciones en la sociedad sea reducir las incertidumbres estableciendo una estructura estable en el proceso de intercambio, se podría considerar la pertinencia de que los agentes económicos se ajusten a mejores procesos de cooperación, y así reducir la brecha tecnológica.

North (1993), explica que generalmente las instituciones cambian de forma incremental y no de un modo discontinuo. El cambio incremental proviene de las percepciones de los empresarios en organismos políticos y económicos que les indican que podrían beneficiar mejor alterando en un cierto margen el marco institucional existente. Vale la pena rescatar, que en muchos países en vía de desarrollo económico, las oportunidades que tienen tanto los empresarios políticos como económicos, favorecen actividades que promueven la actividad redistributiva no productiva, crean monopolios en vez de condiciones de competencia y restringen oportunidades en lugar de acrecentarlas. Pocas veces inducen inversiones en educación que aumenten la productividad, y de ahí la pertinencia de que estas naciones se enmarquen en la gestión del conocimiento como base para el estímulo de la competitividad e innovación tecnológica.

Acemoglu y Robinson (2003) sustentan su hipótesis sobre el desarrollo y subdesarrollo con la evolución de las naciones, donde la historia demuestra el porqué de los retrasos, y destacan que “… el éxito económico de los países difiere debido a las diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y a los incentivos que motivan a las personas” (p. 54). Las economías más desarrolladas se caracterizan por contar con instituciones económicas inclusivas, las cuales posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas, aprovechan mejor su talento y sus habilidades y permiten que cada individuo pueda elegir lo que desea. Las instituciones económicas inclusivas fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica. Garantizar el derecho a tener propiedad privada es crucial, ya que solamente quienes disfruten de este derecho estarán dispuestos a invertir y aumentar la productividad.

En el caso contrario a las instituciones inclusivas, se presentan las instituciones económicas extractivas, “… las que tienen propiedades opuestas a las instituciones inclusivas. Son extractivas porque tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto” (Acemoglu y Robinson, 2003: 56), las cuales se caracterizan  en  América Latina, África y hasta en Europa del Este, sociedades donde no se presentan igualdad de oportunidades ni un sistema legal imparcial.

A diferencia de las relaciones de intercambio entre economías con altos niveles de desarrollo económico y tecnológico, que se caracterizan por un intercambio de know how por su carácter estratégico comercial, la relación de intercambio entre economías con bajos niveles de desarrollo económico se ven afectadas por la débil capacidad institucional de sus estructuras públicas, alto grado de coerción política que se traducen en uso excesivo del poder, y por ende, corrupción y falta de transparencia en la toma de decisión.

La importancia de instituciones inclusivas es fundamental para generar cualquier modelo de gestión que implique progreso, sin embargo, las instituciones deberán contar con una real apertura política. Por supuesto, esta apertura será muy difícil de generarse pues su costo será muy elevado e implicará un sacrificio de quienes sustentan el poder.

En tal sentido, y a pesar que el sistema económico global estimula a las instituciones a democratizarse y generar mejores mecanismos de cooperación, el cambio real se dará por las demandas internas de cada régimen, que inevitablemente implicará un rompimiento del comportamiento de las instituciones informales y la conformación de un nuevo paradigma institucional que permita generar un principio de causación circular positivo para ir disminuyendo las brechas comerciales y lograr un desarrollo sostenible, lo que obligará a las instituciones a cooperar y generar estructuras descentralizadas de poder.    

* Prof  FACES / ARIG / Economía


Referencias bibliográficas:

          NORTH, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.

ACEMOGLU, D. y Robinson, J. (2003). Por qué fracasan los países. Deusto s.a. Ediciones. Texto on-line en https://federalismoygobernabilidad.files.wordpress.com/2015/11/acemoglu.pdf [Consulta: 2018, mayo 18]




Fuente: Imagen extraída de https://opotesta.wordpress.com/2015/07/30/el-enigma-de-las-instituciones-politicas-peruanas/