El país del hambre
enardecido el ánimo
marcha su dignidad en la calle
María
Gabriela Mata Carnevali
La universidad que, por definición, tiene como misión
fundamental la libre búsqueda de la verdad, la creación y difusión del
conocimiento, y el cultivo de los valores trascendentales del hombre, debe
estar también al servicio de la nación y, en tal sentido, le corresponde
colaborar con la orientación del país, mediante su contribución al
esclarecimiento de los problemas nacionales. Pero, para ello necesita de su
autonomía.
Por autonomía suele entenderse: 1. Independencia
financiera 2. Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la
universidad por la propia comunidad universitaria y participación de sus
miembros en los organismos de gobierno 3. Concursos de oposición para la
selección del profesorado 4. Docencia libre, tanto en lo concerniente a la
actualización curricular como a los métodos de enseñanza 5. Asistencia libre (Turnnemann,
1985: 63; Citado en Moreno, 2008: 357).
El problema es que en la «Venezuela socialista»,las
universidades vienen experimentando un deterioro progresivo de su autonomía, a
pesar de que esta fuera incorporada con
rango constitucional en el Artículo 109 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum nacional celebrado el 15 de
diciembre de 1999.
Con la autonomía se desdibuja la libertad académica,
lo que implica una directa violación al derecho a la educación, que afecta
otros derechos fundamentales.
Según Parra, De la Vega y Troconis (2011:4), la
política de educación superior del gobierno está orientada al “desmantelamiento
de instituciones y programas que no se identifiquen con la propuesta socialista
y a la creación de un sistema paralelo de educación universitaria”. La primera señal se observa en marzo de 2001 con la
toma por más de un mes del Rectorado de la UCV por parte de un grupo de
estudiantes, acción que terminó en actos vandálicos y enfrentamientos con
representantes de la Federación de Centros de Estudiantes (Bravo Jaurégui, L. y Uzcátegui, R.,
2003:73). En esa oportunidad, Eleazar Narváez, Director de la Escuela de
Educación declaró para El Nacional (17 de abril de 2001):
Hay razones suficientes para pensar que dichos actos vandálicos
configuran un proceso de intervención de la UCV desde adentro, basado en los
mismos pretextos y acciones que ha utilizado el actual gobierno para someter a
su antojo la vida política y los distintos órganos del Poder Público (Bravo
Jaurégui, L. y Uzcategui, R., 2003:82).
Luego vinieron medidas y políticas de mayor alcance
como la creación de la Misión Alma Mater
en 2003, cuyo objetivo fundamental es generar un nuevo tejido institucional de
la educación universitaria venezolana, orientado hacia el desarrollo y
transformación de la educación superior, para el fortalecimiento del poder
popular y la construcción de una sociedad socialista, del cual es hito la
Universidad Bolivariana.
En 2009 se da otro paso en este sentido con la Ley Orgánica de Educación, en la cual se
plasma de manera expresa la idea del «Estado docente» y se establecen
lineamientos para regular, supervisar y controlar el funcionamiento del
subsistema de educación universitaria en cuanto a la administración financiera
y sus normas de gobierno, la planificación, coordinación y ejecución de
políticas y programas dirigidos a la inserción productiva de los egresados, la
territorialización de la educación universitaria y el ingreso estudiantil a las
instituciones, tanto oficiales como privadas (Parra, De la Vega y Troconis,
2011:4).
Es con base en esta Ley que el Ejecutivo impuso, en
2014, un nuevo modelo de asignación de cupos, privilegiando criterios no
académicos para el ingreso de estudiantes a las universidades y, en 2015, el
llamado “sistema de formación permanente del docente universitario”, un plan de
mejoramiento profesional abiertamente ideologizado. Por si esto fuera poco,
desde 2012 la Sala Electoral del TSJ ha interferido sistemáticamente en los
procesos electorales de las universidades mediante decenas de sentencias que
obstaculizan el pleno ejercicio del autogobierno (Coalición de cátedras y
centros universitarios de DDHH, 2017).
Todo esto sin derecho a protestar porque la represión está a la orden del día
Sin embargo, pudiera decirse que la estrategia más
perniciosa es, de lejos, el cerco o asedio presupuestario. Las universidades
públicas son castigadas con presupuestos reconducidos sin tener en cuenta la
inflación y las privadas con políticas restrictivas para el aumento de la
matrícula. Esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de profesores y
empleados, y el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones; pero,
además, incide en la investigación, la cual ya había perdido el apoyo de la
empresa privada por la reforma de la Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) de 2010, que
centraliza en un fondo todos los recursos públicos y privados destinados a la
investigación científica (Coalición de cátedras y centros universitarios de DDHH,
2017).
Por ello, en
2018 los esfuerzos de los universitarios están dirigidos a mantener las puertas
abiertas a pesar de la falta de presupuesto y el fuerte golpe que significa
la migración de cerca del 50 % de la
planta profesoral y estudiantil. La fuga de talento intelectual ha aumentado dramáticamente en
los últimos años. Los jóvenes cruzan las fronteras, a veces sin terminar sus
carreras, en busca de una mejor calidad
de vida. La diáspora profesoral es alarmante. Las autoridades «administran la
crisis» pero no han podido retener a los profesores.
Ahora, en el marco de la implementación del nuevo cono
monetario, el gobierno intenta una jugada perversa. El desconocimiento de las
tablas salariales establecidas por contratación colectiva. Que no haya incentivo al mérito ni al logro es propio de los regímenes
comunistas. Se busca imponer un sistema de relaciones de trabajo inspirado en
el modelo soviético y cubano, en el cual los gremios, federaciones y sindicatos son un apéndice del
Estado.
Otra
vez amenaza la bota, otra vez amenaza la sombra.
Como
cada vez que ha hecho falta, brotará el sentir ucevista
La casa LUZ la asfixian, se apaga, pero no la
callan.
Tampoco a las otras universidades. Unidas defenderemos
lo que es nuestro.
Entre los estudiantes, a
pesar de la diversidad de estrategias, sobresalen los consensos en cuanto al
rol protagónico del movimiento estudiantil de cara al futuro.
AVERU ratifica, de manera irrenunciable su voluntad de ser custodios del derecho al estudio en
un marco democrático, considerando la democracia no sólo como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el
bienestar económico, social y cultural de la población venezolana.
FAPUV sigue
dando la batalla por el gremio docente. En la calle se pronuncia por un salario digno, anclado no a las derivas autoritarias del gobierno sino
a la canasta básica.
REFERENCIAS:
Bravo Jáuregui, L. y Uzcátegui, R. (2003). Memoria
Educativa Venezolana, base de datos. Tomo VIII Años 2001-2003. UCV, Caracas,
Venezuela.
Coalición de cátedras y
centros universitarios de DDHH (oct, 2017).
El pensamiento bajo amenaza Situación de la libertad académica y la
autonomía universitaria en Venezuela. Revisado: abril, 2018. Disponible: https://www.derechos.org.ve/actualidad/coalicion-de-catedras-y-centros-universitarios-de-ddhh-el-pensamiento-bajo-amenaza-en-las-universidades-venezolanas
Moreno, Amado (2008). Historia sociopolítica de la universidad y
autonomía en Venezuela: Rostros y máscaras. EDUCERE Año 12 Nº 41
Parra, De la Vega y Troconis
(2011). La educación superior en Venezuela (2005-2009). En: CINDA (2011). La
educación superior en Iberoamérica.
Revisado: mayo, 2018. Disponible: http://www.cinda.cl/wp-content/uploads/2014/07/2011-Informe-Venezuela.pdf
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