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martes, 31 de julio de 2018

ARIGlobal: NICARAGUA RESISTE



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global


Por Fidel Canelón F*





Se han cumplido 100 días del inicio de las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega. El saldo es tétrico: al menos 351 muertos,  1200 heridos y entre 400 y 500 presos políticos. Se trata de la represión más sanguinaria aplicada por un gobierno latinoamericano en varias décadas, superando lo sucedido en Venezuela en las protestas de 2014 y 2017.

Daniel Ortega, hay que admitirlo, construyó con paciencia y astucia sibilina un proyecto hegemónico de poder desde los tiempos en que la revolución sandinista triunfó en 1979, desalojando del poder a Anastasio Somoza, el tercero de una dinastía que dominó por décadas a Nicaragua. Asumió la jefatura de la Junta de Reconstrucción Nacional hasta que pierde el poder en 1990, al caer derrotado en las elecciones por Violeta Chamorro.

Terminado el período de Chamorro, en los comicios de 1996 se presentó nuevamente como candidato, perdiendo con Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal-Constitucionalista, con quien a la postre llegará a un pacto político perverso, que evitará que éste vaya a la cárcel pese a las numerosas  acusaciones de corrupción en su gobierno, obteniendo Ortega a cambio una modificación de la ley electoral que permitía llegar al poder a quien obtuviera solo el 35% de los votos. Si bien el acuerdo no fue fructífero para el líder sandinista en 2001, cuando pierde ampliamente con Enrique Bolaños las presidenciales, sí lo sería en 2007, cuando vuelve al poder en su quinto intento, al sacar casi lo justo, el 37,99% de los votos. El pacto con Alemán le seguiría dando posteriormente pingües beneficios, al concederle los votos que necesitaba en la Corte Suprema de Justicia para aprobar su reelección en 2012, en un acto que violó flagrantemente la Constitución Nacional.

Pese a formar parte del giro izquierdista que tomó por asalto a América Latina en los años 2000,  puede decirse que Ortega encauzó a Nicaragua por un modelo político y económico de rasgos singulares, teniendo en común con sus pares “revolucionarios” la instauración de una democracia cada vez menos competitiva, donde el marco de acción de las fuerzas políticas opositoras se fue restringiendo severamente, al punto que en las elecciones de 2017 virtualmente fue él mismo quien eligió a los candidatos “adversarios”, lo que explica su abultado triunfo con el 72% de los votos.

Ortega, sin embargo, jamás llegó a proclamar el socialismo del siglo XXI, como Chávez y los Castro, coincidiendo en este sentido más bien con la política de Morales y Correa de mantener un sistema capitalista de libre mercado, sin controles cambiarios ni de precios, y con una intervención selectiva del estado solo en algunas áreas. Pero, a diferencia de éstos últimos, no mantuvo una relación de conflicto con el sector privado, sino que cooptó de facto a la asociación de gremios empresariales de Nicaragua (Cosep) dándoles una importante participación en los organismos y empresas del estado. Es decir, puso en práctica un modelo corporativista que le rindió amplios beneficios y estabilidad durante esos 11 años.

Este modelo autoritario –que en algunos aspectos se acerca más al viejo PRI de México que al comunismo cubano o al socialismo del siglo XXI de Chávez- llegó a su fin con la rebelión cívica que se inició el 18 de abril, encabezada por los estudiantes, trabajadores, clases medias y la Iglesia Católica, de tanta influencia en el pueblo nicaragüense. A Ortega no le quedó más remedio que poner fin al pacto con el Cosep, al tiempo que tuvo que sentarse en una mesa de diálogo cuyo destino final no está nada claro, debido a la salvaje represión desatada y a su indisposición a adelantar las elecciones para el año que viene. Pero una cosa puede asegurarse: Nicaragua ya no es la misma. Y si bien es posible que el movimiento de protestas se agote o llegue al cansancio, lo cierto es que el dúo Ortega-Murillo está cada vez más aislado nacional e internacionalmente, y en adelante se le hará cuesta arriba mantener el régimen de privilegios y discriminación política sobre el cual cabalgó por más de una década.

*Prof  FACES /EEI




miércoles, 25 de abril de 2018

ARIGlobal: Represión, el turno de Nicaragua



Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global


 Lucia Galeno *



El reciente estallido de las protestas estudiantiles en Nicaragua ha revivido el muy conocido y practicado flagelo de la represión de manifestaciones populares por fuerzas de seguridad del Estado en Latinoamérica.

El detonante que dio inicio a los actos de calle en el país centroamericano, fue la impopular medida tomada por el actual Presidente Daniel Ortega, al modificar las cotizaciones del sistema de Seguridad Social, decisión en contra de la cual grupos de universitarios decidieron salir y expresar su rechazo, uniéndose posteriormente a éstos, otros factores de la sociedad, en repudio a la respuesta desmedida de los cuerpos policiales que, hasta el momento, ha arrojado una treintena de fallecidos y varias decenas de heridos y detenidos.

En los tres últimos años, se han registrado numerosos actos de protesta en países como México, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y las muy extendidas, del año pasado en Venezuela. Algunas sin gran trascendencia y sin saldo lamentable, otras, muy dolorosas y fiel expresión de las situaciones que las motivaron. En todos los casos, se produjo la intervención de fuerzas de seguridad con mayor o menor apego a las garantías constitucionales del respectivo país y a lo establecido a los tratados internacionales.

Es de recordar que el Estado se reserva el ejercicio y monopolio de la fuerza para el mantenimiento del orden público, a diferentes escalas, a través de los organismos competentes. No obstante, en escenarios como el nicaragüense y el venezolano, cabe preguntarse respecto a la legítima y debida actuación de los cuerpos de seguridad, en el ejercicio de sus funciones en pro de la preservación de la estabilidad e institucionalidad, frente a las concurridas protestas, ya sea que las mismas afecten o no, la integridad de edificaciones y del patrimonio público. El punto delicado está en la reacción tremendamente represiva que llega a ocasionar muertes en un marco de claras violaciones  de los Derechos Humanos, comenzando por el Derecho a la Libertad de Expresión, a la protesta pacífica y el respeto elemental a la vida.

Más allá de la retórica discursiva, es llamativa la constante histórica que deja ver el hecho de que los gobiernos que llegan al poder en Latinoamérica a través de un “proceso revolucionario”, terminan recurriendo al uso de la fuerza a fin de permanecer en el cargo y acabar con toda manifestación de oposición que amenace su estatus. Salvo contadas excepciones, este tipo de regímenes tiende a caer en la tentación de perpetuarse, recurriendo a la violencia vestida de la institucionalidad que les proporciona el hecho de gobernar y que ahora, les da la posibilidad de emplear “legítimamente” la fuerza para, convenientemente, preservar el orden, instituciones y hasta la constitucionalidad, cuando esos elementos gozan de total identificación con quien dirige.

Este tipo de acciones represivas responden al origen y naturaleza misma de los movimientos insurgentes, casi siempre violentos de los que emergieron los partidos políticos que conquistaron el poder vía elecciones, pero que conocen de métodos basados en la lucha armada. En este sentido, es importante distinguir que los cuerpos de seguridad deberían actuar para contener las manifestaciones si llegasen a salirse de control, pero no para reprimir violentamente su ejercicio cívico. 

La represión de las protestas en Nicaragua, son una clara demostración del uso excesivo de la fuerza por parte de un gobierno cuya legitimidad y popularidad va en descenso, debido a la profunda crisis económica que aqueja al país y a las fisuras que empiezan a aparecer en un régimen que no cumple con los características para ser considerado verdaderamente democrático y ante el cual, se alzan las quejas y reacciones de sectores catalizadores y emblemáticos de la sociedad como el estudiantil, aunado recientemente a representantes de la iglesia, organizaciones empresariales  y demás actores.
*Cátedra de Historia de las RRII, EEI-FaCES-UCV


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