Espacio de reflexión sobre la realidad
internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de
relaciones internacionales y globales de la UCV. Opiniones,
comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de
las relaciones exteriores de Venezuela que combina lo interméstico y
global
Alfredo Ordóñez López*
La crisis política y económica que enfrenta la
República Bolivariana de Venezuela ha tenido un alto grado de incidencia en sus
relaciones internacionales. Luego de la proclamación del Diputado y Presidente
de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como Presidente (E) de Venezuela, se
ha generado una duplicidad en las relaciones diplomáticas de Venezuela. La
dualidad en las instituciones públicas del Estado venezolano ha obligado a los
gobiernos del mundo a considerar inminente realizar un “reconocimiento de gobierno”.
El reconocimiento
de gobierno es un acto declarativo que realizan los jefes de Estados para admitir
a un representante de gobierno de otro Estado dentro de la comunidad
internacional, por lo que es la convalidación jurídica de una situación de
hecho. De igual forma, se puede generar un desconocimiento
de gobierno cuándo éste se constituye de forma extrajudicial y se sostiene
mediante el uso de la fuerza, rompiendo con los principios de paz y seguridad
emanados de la comunidad internacional. En el caso latinoamericano, el reconocimiento
de gobierno se realiza cuando este surge en el marco constitucional.
Las naciones latinoamericanas, dado su sistema
Presidencialista, instituyen su contrato social a través de las Constituciones porque
tiene como propósito el control de los gobiernos. ¨La constitución representa
el límite del poder. Si el poder no tiene límites no hay constitución¨(1). De
tal manera que cuando un gobierno genera acciones o agresiones en contra de la
sociedad son comportamientos anticonstitucionales, por lo que su legitimidad se
vuele discordante ante la esencia del contrato social, lo que al final afecta
severamente su posición dentro de la legalidad.
Venezuela se encuentra ante una grave crisis de
gobernabilidad y convivencia política, y ante esa situación, los gobiernos que
conforman el Grupo de Lima (14 países) tienen la potestad discrecional del
reconocimiento de gobierno, ya sea de forma expreso o condicionante cuando lo
consideren fundamental para sostener el orden y la paz regional. El 4 de enero
de 2019 el Grupo de Lima determinó que "no reconocen la legitimidad” de un
nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, y ya para el 23 de enero de 2019 Brasil,
Colombia, Paraguay, Chile y Perú reconocieron al Dip. Juan Guaidó, como
Presidente (E) de Venezuela conforme a la Constitución y el apoyo social
exhibido en un acto público.
De tal manera que los gobiernos que conforman el
Grupo de Lima se sustentaron en la legitimidad para otorgar el “reconocimiento
de gobierno de
forma expresa” al Dip. Juan Guaidó, como una política internacional pertinente
para el sostenimiento de la democracia, siendo esta la mejor opción para garantizar
la paz, la seguridad, el desarrollo (2), y evitar las violaciones a los
Derechos Humanos. Sin embargo, el reconocimiento de gobierno debe pasar por un
acto o gestión diplomática, y por ello el nombramiento de representantes del
Estado venezolano ante el Grupo de Lima, Chile, Costa Rica, Honduras, Perú,
Panamá, Ecuador, Colombia Canadá, Argentina, Estados Unidos, dándole así una
acción de hecho al acto declarativo.
En el caso de los países que han mantenido el
reconocimiento a Nicolás Maduro, como Presidente Constitucional, se enmarcan en
los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas sobre la libre
determinación y el derecho de los pueblos a decidir su propia forma de
gobierno, forma de independencia, autonomía, referéndums, elecciones y
legitimidad de los gobiernos (3). Por lo que se han mantenido rígido en una
Diplomacia Clásica Bilateral de forma permanente, argumentando que la diplomacia
busca “contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones,
prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social” (4),
siendo este último aspecto la posición manifestada por México dentro del Grupo
de Lima.
El reconocimiento de gobierno pareciera obligatorio de jure pero en principio es puramente
doctrinal, ya que la actitud de los Estados está dictada por motivos de orden
esencialmente político (5) y económico. En tal sentido, las relaciones internacionales
entre el Grupo de Lima y Venezuela, se mantienen bajo una “Diplomacia ad hoc” dado su carácter permanente hasta que se
cumplan las condiciones esenciales para el restablecimiento del orden
democrático, y así regresar a una diplomacia temporal.
Sin embargo, esta Diplomacia Paralela que presenta
la institucionalidad venezolana, perjudica significativamente la imagen
internacional del país, quebranta los principios de unidad de acción en el
exterior y debilita sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Por lo
tanto, al generarse un restablecimiento del orden democrático y estabilidad
política en Venezuela, la gestión diplomática deberá pasar por un proceso de
revisión y redefinición profunda de sus objetivos, siendo esta “el instrumento
de que se vale la política exterior de cualquier Estado” (6) para la
realización de sus planes en el marco de las relaciones internacionales.
*Internacionalista
MSc.
en Economía Internacional
Doctorante
en Estudios del Desarrollo
Referencias:
(1)
Ramón Escobar Salom.
Los Demonios de la Democracia, p 12.
(2)
OEA – Democracia
(3)
Carta de las Naciones
Unidas – Capitulo VII
(4)
Convención de Viena
sobre las Relaciones Diplomáticas 1961
(5)
Charles Rousseau.
Derecho Internacional Público, p 309.
(6)
Manuel Morales Lama,
Diplomacia Contemporánea, p. 9
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