martes, 11 de septiembre de 2018

RESILIENCIA UNIVERSITARIA






El país del hambre
enardecido el ánimo
marcha su dignidad en la calle



María Gabriela Mata Carnevali

La universidad que, por definición, tiene como misión fundamental la libre búsqueda de la verdad, la creación y difusión del conocimiento, y el cultivo de los valores trascendentales del hombre, debe estar también al servicio de la nación y, en tal sentido, le corresponde colaborar con la orientación del país, mediante su contribución al esclarecimiento de los problemas nacionales. Pero, para ello necesita de su autonomía.

Por autonomía suele entenderse: 1. Independencia financiera 2. Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la propia comunidad universitaria y participación de sus miembros en los organismos de gobierno 3. Concursos de oposición para la selección del profesorado 4. Docencia libre, tanto en lo concerniente a la actualización curricular como a los métodos de enseñanza 5. Asistencia libre (Turnnemann, 1985: 63; Citado en Moreno, 2008: 357).

El problema es que en la «Venezuela socialista»,las universidades vienen experimentando un deterioro progresivo de su autonomía, a pesar de que esta  fuera incorporada con rango constitu­cional en el Artícu­lo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum nacional celebrado el 15 de diciembre de 1999.

Con la autonomía se desdibuja la libertad académica, lo que implica una directa violación al derecho a la educación, que afecta otros derechos fundamentales.

Según Parra, De la Vega y Troconis (2011:4), la política de educación superior del gobierno está orientada al “desmantelamiento de instituciones y programas que no se identifiquen con la propuesta socialista y a la creación de un sistema paralelo de educación universitaria”. La primera señal se observa en marzo de 2001 con la toma por más de un mes del Rectorado de la UCV por parte de un grupo de estudiantes, acción que terminó en actos vandálicos y enfrentamientos con representantes de la Federación de Centros de Estudiantes (Bravo Jaurégui, L. y Uzcátegui, R., 2003:73). En esa oportunidad, Eleazar Narváez, Director de la Escuela de Educación declaró para El Nacional (17 de abril de 2001):

Hay razones suficientes para pensar que dichos actos vandálicos configuran un proceso de intervención de la UCV desde adentro, basado en los mismos pretextos y acciones que ha utilizado el actual gobierno para someter a su antojo la vida política y los distintos órganos del Poder Público (Bravo Jaurégui, L. y Uzcategui, R., 2003:82).

Luego vinieron medidas y políticas de mayor alcance como la creación de la Misión Alma Mater en 2003, cuyo objetivo fundamental es generar un nuevo tejido institucional de la educación universitaria venezolana, orientado hacia el desarrollo y transformación de la educación superior, para el fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad socialista, del cual es hito la Universidad Bolivariana.

En 2009 se da otro paso en este sentido con la Ley Orgánica de Educación, en la cual se plasma de manera expresa la idea del «Estado docente» y se establecen lineamientos para regular, supervisar y controlar el funcionamiento del subsistema de educación universitaria en cuanto a la administración financiera y sus normas de gobierno, la planificación, coordinación y ejecución de políticas y programas dirigidos a la inserción productiva de los egresados, la territorialización de la educación universitaria y el ingreso estudiantil a las instituciones, tanto oficiales como privadas (Parra, De la Vega y Troconis, 2011:4).

Es con base en esta Ley que el Ejecutivo impuso, en 2014, un nuevo modelo de asignación de cupos, privilegiando criterios no académicos para el ingreso de estudiantes a las universidades y, en 2015, el llamado “sistema de formación permanente del docente universitario”, un plan de mejoramiento profesional abiertamente ideologizado. Por si esto fuera poco, desde 2012 la Sala Electoral del TSJ ha interferido sistemáticamente en los procesos electorales de las universidades mediante decenas de sentencias que obstaculizan el pleno ejercicio del autogobierno (Coalición de cátedras y centros universitarios de DDHH, 2017).


Todo esto sin derecho a protestar porque la represión está a la orden del día


Sin embargo, pudiera decirse que la estrategia más perniciosa es, de lejos, el cerco o asedio presupuestario. Las universidades públicas son castigadas con presupuestos reconducidos sin tener en cuenta la inflación y las privadas con políticas restrictivas para el aumento de la matrícula. Esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de profesores y empleados, y en el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones; pero, además, incide en la investigación, la cual ya había perdido el apoyo de la empresa privada por la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) de 2010, que centraliza en un fondo todos los recursos públicos y privados destinados a la investigación científica (Coalición de cátedras y centros universitarios de DDHH, 2017).

Por ello, en 2018 los esfuerzos de los universitarios están dirigidos a mantener las puertas abiertas a pesar de la falta de presupuesto y el fuerte golpe que significa la  migración de cerca del 50 % de la planta profesoral y estudiantil. La fuga de talento intelectual ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Los jóvenes cruzan las fronteras, a veces sin terminar sus carreras,  en busca de una mejor calidad de vida. La diáspora profesoral es alarmante. Las autoridades «administran la crisis» pero no han podido retener a los profesores.

Ahora, en el marco de la implementación del nuevo cono monetario, el gobierno intenta una jugada perversa. El desconocimiento de las tablas salariales establecidas por contratación colectiva. Que no haya incentivo al mérito ni al logro es propio de los regímenes comunistas. Se busca imponer un sistema de relaciones de trabajo inspirado en el modelo soviético y cubano, en el cual los gremiso, federaciones y  sindicatos son un apéndice del Estado.

Otra vez amenaza la bota, otra vez amenaza la sombra.

Como cada vez que ha hecho falta, brotará el sentir ucevista

La casa LUZ la asfixian, se apaga, pero no la callan.

Tampoco a las otras universidades. Unidas defenderemos lo que es nuestro.

Entre los estudiantes, a pesar de la diversidad de estrategias, sobresalen los consensos en cuanto al rol protagónico del movimiento estudiantil de cara al futuro.

AVERU ratifica, de manera irrenunciable su voluntad de ser custodios del derecho al estudio en un marco democrático, considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el bienestar económico, social y cultural de la población venezolana.

FAPUV sigue dando la batalla por el gremio docente. En la calle se pronuncia por un salario digno, anclado no a las derivas autoritarias del gobierno  sino a la canasta básica.



REFERENCIAS:

Bravo Jáuregui, L. y Uzcátegui, R. (2003). Memoria Educativa Venezolana, base de datos. Tomo VIII Años 2001-2003. UCV, Caracas, Venezuela.

Coalición de cátedras y centros universitarios de DDHH (oct, 2017).  El pensamiento bajo amenaza Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela. Revisado: abril, 2018. Disponible: https://www.derechos.org.ve/actualidad/coalicion-de-catedras-y-centros-universitarios-de-ddhh-el-pensamiento-bajo-amenaza-en-las-universidades-venezolanas

Moreno, Amado (2008). Historia sociopolítica de la universidad y autonomía en Venezuela: Rostros y máscaras. EDUCERE Año 12 Nº 41

Parra, De la Vega y Troconis (2011). La educación superior en Venezuela (2005-2009). En: CINDA (2011). La educación superior en Iberoamérica.  Revisado: mayo, 2018. Disponible: http://www.cinda.cl/wp-content/uploads/2014/07/2011-Informe-Venezuela.pdf


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