ARIGlobal: Hacia una nueva política exterior

Espacio de reflexión sobre la realidad internacional a cargo de docentes e investigadores vinculados al postgrado de relaciones internacionales y globales de la UCV.  Opiniones, comentarios y reflexiones sobre distintos temas de la agenda internacional y de las relaciones exteriores  de Venezuela que combina lo interméstico y global

María Gabriela Mata Carnevali

“¡Con qué abundancia se soñó en todo tiempo con una vida mejor que fuera posible! La vida de todos los hombres se halla cruzada por sueños soñados despierto”, dice Ernst Bloch (1959); una parte de ellos es simplemente una fuga banal, pero otra parte incita, no permite conformarse con lo malo existente y te invita a construir el lugar que sueñas para vivir: U-topos, literalmente, un lugar que no existe todavía, otro lugar. Es decir, no permite la renuncia. Esta otra parte tiene en su núcleo la esperanza y es trasmisible.

En plena crisis de crecimiento y de sentido, algunos podrían apostar, no sin fundamento, a que hemos perdido nuestra capacidad de soñar colectivamente y de imaginarnos en el futuro, aquí, pero de otro modo. Afortunadamente, la utopía es el lugar mismo del pensamiento creativo. La imaginación que genera la realidad.

¿Por qué no imaginar desde ya, con conciencia anticipadora, una nueva política exterior para Venezuela?  Lo primero es imaginar el escenario dado que, como proceso que envuelve el balance de fines, medios, acciones y resultados esperados, la política exterior responde a, es producto de, está imbuida en y limitada por el contexto nacional e internacional.  Esto solo nos llevaría más espacio del que tenemos disponible. Sin embargo, podemos limitarnos a un aspecto: el político ideológico.

En agenda: el multilateralismo, la justicia transicional y los derechos humanos

El triunfo de Bolsonaro en Brasil, un reconocido nostálgico de las dictaduras militares de la década de 1970, parece afianzar el giro hacia la derecha de los últimos años en América Latina marcados por los triunfos de Mauricio Macri en Argentina en 2015, Sebastián Piñera en Chile en 2017, Mario Abdo Benítez en Paraguay e Iván Duque en Colombia en 2018.

Con excepción de México, que apostó recientemente por Manuel López Obrador, el ejemplo catastrófico de lo que la izquierda ha hecho de Venezuela parece haber disuadido a un electorado que, con las particularidades de cada caso, aspira más de sus Democracias. Lamentablemente, el descontento popular se tiñe esta vez de populismo, un populismo de derecha, pero populismo al fin, y los populismos, cualquiera sea su bandera ideológica, terminan por desacreditar a los actores e instituciones tradicionales y abonar algún tipo de autoritarismo.

 Así las cosas, pareciera evidente que la división tradicional de izquierda-derecha es insuficiente para hacer una lectura política de la región y del mundo, y se impone un análisis que contemple las más nuevas tendencias en las Relaciones Internacionales.

El discurso de Bolsonaro, curiosa mezcla de militarismo, neoliberalismo y religión, apuntala la tendencia global hacia los nacionalismos autoritarios que vemos emerger en movimientos como el Frente Nacional de Francia,​ la Fidesz de Hungría la Alternativa para Alemania, los Demócratas de Suecia,​ el Partido por la Libertad de Holanda,​ la Liga del Norte de Italia, el Partido de la Libertad de Austria, el Partido Popular de Suiza ​y el movimiento identitario paneuropeo, y en líderes como el japonés Shinzo Abe, el indio Narendra Modi, el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump,  y otros con características similares en Polonia, Egipto, Filipinas, Tailandia y Corea del Sur. Nacionalismos que se traducen en políticas proteccionistas y discriminatorias contra los grupos minoritarios y los inmigrantes, abandonando o desconociendo instancias multilaterales y denunciando tratados internacionales, a contracorriente con los procesos y valores de la gobernanza global, que se inscriben en un marco liberal-institucionalista.  

Esto es importante, importantísimo, si consideramos que el rescate, consolidación, proyección y defensa de la Democracia, que imaginamos entre las líneas rectoras de esa nueva política exterior junto a la reinserción decorosa del país en la economía mundial, habrá de darse en un contexto si no adverso, si dividido por cuestiones de soberanía, y tendremos que sumarnos con bríos a las voces que defiendan el multilateralismo y la universalidad de los derechos humanos.

 A continuación, proponemos dos acciones que nos ayudarán a avanzar en la dirección indicada, perfectamente plausibles en el marco de medios mermados que habremos de afrontar, una urgente y la otra prioritaria:

La urgente. El regreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no solo porque es uno de los pilares del sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino porque puede ser una guía invalorable en el camino de la justicia transicional.

La justicia transicional alude a las formas que han utilizado algunos países para enfrentarse a violaciones de DDHH masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.  No es un modelo único. Cada uno ha de diseñar su propia hoja de ruta para implementar los mecanismos que más se adapten a su realidad; pero, sin duda, es un camino que hay que transitar en la construcción de la Paz. La propuesta  ya fue lanzada públicamente el 15 de junio de 2017 en la ciudad de Caracas con la asistencia de representantes de más 20 organizaciones civiles, las cuales firmaron un compromiso, el Compromiso de la Sociedad Civil organizada con los principios y aplicación de la Justicia Transicional en Venezuela (Iniciativa Justicia Transicional, 2017). La verdad es que hasta hace algún tiempo era mirada como sinónimo de impunidad, pero ya empieza a ser considerada una forma de abrir las puertas al cambio por vías pacíficas siguiendo el ejemplo de países hermanos, algunos de los cuales se apoyaron en la CIDH^[1].

El tema de la transición democrática en Venezuela ha venido siendo evaluado, entre otros, por el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, así como por algunas individualidades calificadas como Miguel Mónaco, José Ignacio Hernández y Asdrúbal Aguiar. Por su parte, la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Amnistía, cuyo propósito básico es otorgar beneficios penales a aquellos funcionarios que decidan colaborar con el restablecimiento del orden constitucional (El Nacional, 4 junio, 2018).
           

En la convicción de que lo urgente no debe nunca opacar lo importante, creemos necesario posicionar a Venezuela como defensor global de la Democracia y los DDHH. Una vía posible es aportar desde la experiencia reciente, no solo en lo tocante a la normativa de los acuerdos de los que seamos signatarios, sino en la discusión en curso sobre la cuarta generación de derechos humanos relacionada a las TICS o nuevas tecnologías de la información y comunicación y su incidencia en la vida de las personas.

 Según la teoría de la evolución histórica de los DDHH, primero fueron los derechos civiles y políticos que sacó a la luz el liberalismo, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Son los llamados derechos de «primera generación». La «segunda generación» está conformada por los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad, tan caro a los movimientos socialistas. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de la prestación de servicios. La idea fue dotar de un apoyo real a las libertades, porque sin alimentación suficiente, sin casa y abrigo, sin protección ante la enfermedad, la ancianidad o el desempleo, resulta por lo menos hipócrita decir a una persona que es libre.

Estas dos generaciones de derechos fueron expresamente reconocidas en la Declaración Internacional de Derechos de las Naciones Unidas de 1948, mientras que el respeto a lo que se viene denominando «derechos de tercera generación» todavía no ha sido objeto de una declaración internacional de las mismas características, pero está presente en la conciencia social. Son los derechos de solidaridad o de los pueblos; contemplan cuestiones de carácter supranacional como la necesidad de preservar el patrimonio común de la humanidad, la justicia internacional, el derecho a la Paz, a un desarrollo sostenible y a un medio ambiente sano. Ya se discute sobre una «cuarta generación» relacionada a las TICS o nuevas tecnologías de la información y comunicación y su incidencia en la vida de las personas.  Dada  la realidad comunicacional venezolana, tenemos mucho que decir al respecto y contamos con especialistas reconocidos que sabrán elevar el mensaje a las instancias pertinentes.

“Justicia Transicional-Arte Textil” Muestra en la Universidad Anáhuac, México. 

Referencias:

Cantón, Santiago (2007). Leyes de amnistía. Víctimas sin mordaza. El impacto del Sistema Interamericano en la Justicia Transicional en Latinoamérica: los casos de Argentina Guatemala, El Salvador y Perú. CIDH.  Revisado: octubre, 2018. Disponible: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29761.pdf

 El Nacional (4 junio, 2018). Ortega Díaz enviará un proyecto de ley de amnistía a la Asamblea Nacional. Revisado: julio, 2018. Disponible: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-enviara-proyecto-ley-amnistia-asamblea-nacional_238477

Iniciativa Justicia Transicional (2017) ¿Qué es la justicia transicional? Revisado: julio, 2018. Disponible: http://justiciatransicional.org.ve/iniciativa-justicia-transicional/quienes-somos/

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[1] Luego de las rupturas constitucionales y los enfrentamientos internos ocurridos en América Latina durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, en algunos países se dieron las circunstancias políticas para dictar «leyes de amnistía», como en Argentina, Uruguay, El Salvador y Perú.

En Argentina y Uruguay, durante los primeros años del primer gobierno democrático luego de la dictadura. En Perú, el gobierno autocrático de Fujimori dictó las Leyes de Amnistía el 14 de junio de 1995. En El Salvador, como parte de los Acuerdos de Paz, se creó una Comisión de la Verdad, cuya acción fue minimizada con la aprobación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz.

Según Santiago Cantón (2007), los de Argentina y Perú son los casos que mejor muestran el efecto positivo que puede tener una ley de este tipo, ya que en ambos la CIDH, los Estados y la Sociedad Civil se entrecruzaron en un diálogo que permitió a las víctimas y familiares encontrar un espacio donde fueran escuchado